La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, tomó postura frente a las observaciones por mil 896 millones de pesos detectadas en la Cuenta Pública 2024 del sexenio anterior. Y lo hizo con una de no defender a su antecesor, Cuitláhuac García Jiménez, pero exige que la autoridad fiscalizadora revise a fondo los expedientes entregados.
El caso escaló en la agenda pública luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificara observaciones por 1,896 millones de pesos correspondientes al último año del gobierno anterior. Una cifra grave. Se trata de recursos federales cuyo ejercicio debe ser plenamente acreditado.
Nahle sostiene que su administración cumplió con la parte que le corresponde: integrar, trasladar y entregar la documentación necesaria para solventar los señalamientos. Desde agosto de 2025 —según su versión— funcionarios actuales y exservidores públicos llevaron cajas con expedientes a la Ciudad de México para atender el procedimiento técnico.
La inquietud surgió meses después. En enero, la ahora contralora estatal, Bárbara Galindo —quien fungía como enlace en el proceso— le habría informado que no toda la documentación fue revisada por la ASF. La preocupación no es menor: si el órgano fiscalizador emite observaciones sin agotar el análisis integral de los expedientes, el proceso pierde solidez técnica y abre espacio a cuestionamientos políticos.
Ante ello, la gobernadora aseguró que contactó directamente al auditor para solicitar que se revise “todo”. No una parte. No una muestra. Todo.
La precisión es relevante. Nahle busca desmarcarse de cualquier lectura de encubrimiento. “No estoy defendiendo nada ni nadie”, enfatizó. El mensaje es doble: hacia la opinión pública y hacia el propio aparato institucional. En un contexto donde las auditorías suelen politizarse, la mandataria intenta colocar el debate en el terreno procedimental.
La controversia no se limita al ámbito estatal. La gobernadora mencionó un caso vinculado con la cuenta pública de Xalapa, donde —afirmó— se entregaron expedientes que no habrían sido abiertos antes de la emisión de comunicados oficiales. Si la acusación es correcta, el problema no es el monto observado, sino la metodología de revisión.
La responsabilidad, en cualquier caso, es compartida pero diferenciada. El Ejecutivo estatal asegura haber cumplido con la integración documental; la ASF, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, tiene la obligación legal de analizar exhaustivamente cada prueba antes de confirmar, modificar o solventar observaciones.
El fondo del asunto no es si Nahle defiende o no a su antecesor. El punto crítico es si el proceso de fiscalización se está desarrollando con rigor, exhaustividad y transparencia. La cifra de 1,896 millones exige precisión técnica, no declaraciones cruzadas.
Veracruz ya entregó sus expedientes, afirma la gobernadora. Ahora corresponde a la ASF demostrar que su revisión es completa, objetiva y ajena a cualquier cálculo político. En materia de rendición de cuentas, la forma es tan importante como el fondo.
