Frente a las solicitudes de declaración de procedencia interpuestas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván —ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC)—, la gobernadora Rocío Nahle García dejó en claro que su administración mantendrá absoluta neutralidad y distancia del proceso.
La mandataria veracruzana enfatizó que el deslinde de responsabilidades y el desahogo de los expedientes corresponden exclusivamente al ámbito ministerial y al Poder Judicial del Estado.
“No, no estamos en ese tema. Yo no quiero opinar porque ese es un tema del Poder Judicial y será un juez quien determine. Nosotros no estamos en ese tema, y que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen”, aseveró Nahle García al ser cuestionada sobre el curso de los señalamientos.
La ruta legal en la LXVI Legislatura
El trámite del juicio político o declaración de procedencia ha entrado a su fase formal en el Congreso local. Las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales dictaminaron que los expedientes remitidos por el Ministerio Público cumplen con los requisitos formales, por lo que notificaron legalmente a los ediles.
A partir de la notificación, los acusados disponen de un plazo perentorio de siete días hábiles para presentar alegatos, documentación y pruebas que estimen convenientes a su defensa.
Es sustancial precisar que la figura del desafuero no califica de imputable o inocente a un servidor público; únicamente evalúa si existen elementos jurídicos suficientes para retirar la inmunidad constitucional que otorga el cargo, permitiendo así que la justicia ordinaria tome el control del asunto.
| Alcalde Implicado | Municipio | Partido | Naturaleza de la Indagatoria de la FGE |
| Raúl González Martínez | Ixhuatlán del Sureste | Movimiento Ciudadano | Presunta autoría intelectual en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. |
| Bertín Bravo Montero | Úrsulo Galván | Movimiento Ciudadano | Presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López (vistos por última vez en Barra de Chachalacas). |
Escenarios de resolución y postura partidista
El Poder Legislativo deberá valorar de forma independiente cada una de las solicitudes, garantizando el derecho irrestricto de audiencia a los imputados:
- De aprobarse la procedencia: La FGE obtendrá luz verde para solicitar ante los tribunales correspondientes las órdenes de aprehensión o medidas cautelares pertinentes.
- De rechazarse la petición: Los munícipes mantendrán su protección constitucional, suspendiendo la actuación penal directa en su contra mientras continúen en el ejercicio del cargo.
Por su parte, la dirigencia de Movimiento Ciudadano ha cerrado filas con sus representantes locales, demandando que la procuración de justicia no sea instrumentalizada con fines de persecución política ni se violente el debido proceso de sus militantes.
