La Fiscalía General del Estado (FGE) reactivó formalmente las carpetas de investigación vinculadas a presuntas desapariciones forzadas acontecidas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, desplegado durante el año 2015. Así lo dio a conocer la titular del organismo autónomo, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
La fiscal general puntualizó que las indagatorias siguen en curso y que aún resta integrar diversos elementos de prueba al expediente. Ante este panorama, dejó abierta la posibilidad de que las acciones penales alcancen a mandos medios y altos mandos de las corporaciones policiales y militares que intervinieron en dicho despliegue.
“Se investigará sin distingo de jerarquías; la consigna es garantizar que estos hechos no permanezcan en la impunidad”, aseveró la funcionaria estatal.
Avances judiciales y reclamo de organizaciones
Esta reactivación ocurre semanas después de que la FGE aprehendiera a 11 personas presuntamente implicadas en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos, hecho documentado el 25 de septiembre de 2015.
Pese a estas detenciones, colectivos y organismos defensores de derechos humanos han insistido en que el accionar de la justicia no debe limitarse a los ejecutores materiales, sino profundizar en la cadena de mando, evaluando posibles órdenes directas, omisiones y responsabilidades administrativas o penales de los superiores jerárquicos.
La dimensión del operativo
Un expediente del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) aporta luz sobre la dimensión de los casos registrados en la zona sur de la entidad:
| Período | Casos documentados |
| 11 y 12 de mayo de 2015 | 5 desapariciones |
| 25 de septiembre de 2015 | 30 desapariciones adicionales |
| Total acumulado | 35 casos asociados al operativo |
Entre las figuras públicas señaladas dentro de este contexto temporal figura Arturo Bermúdez Zurita, quien ostentaba la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, además de otros mandos operativos con jurisdicción en el sur de Veracruz.
La FGE mantiene abiertos los expedientes y analiza las pruebas pendientes para deslindar responsabilidades legales contra quienes resulten implicados.
