Xalapa, Ver. Una vez más, integrantes de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (REMUFEVER) exigieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que respalde a las organizaciones comprometidas con la vida, la seguridad y la vida de las mujeres, responsabilidad que es del estado y que a la fecha sigue siendo omiso en su cumplimiento.
Reclamaron que no se haya cumplido el compromiso con organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres de fortalecer al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) con personal profesional y comprometido con la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.
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A través de un video, le recordaron que había un compromiso de atender de forma integral el problema de la violencia por razones de género contra las mujeres.
Sin embargo, dijeron que, a casi dos años de esta administración ven con preocupación que el IVM, no cuenta con una directora nombrada conforme a la ley, lo que impide al Instituto hacer efectivas las políticas en materia de igualdad de género para la prevención, erradicación y la atención a la violencia contra las veracruzanas pese a contar con dos alertas de violencia de género.
“Y nos ubicamos como primer lugar de feminicidios en el país, en Veracruz se incumple con la obligación de contratar personal especializado en el IVM para brindar atención a mujeres en situación de violencia. Asimismo, el de brindar apoyo a todos aquellos refugios ya existentes que son ideales para brindar atención a mujeres sus hijas e hijos que se encuentran como víctimas de algún tipo de violencia de género, uno de estos casos es el refugio de la asociación civil Cihuatlahtolli en Orizaba que desde hace más de dos décadas se ha dedicado a la promoción y defensa de los derechos humano de las mujeres”, dijeron.
No obstante, acusaron que este año el IVM decidió no otorgarle los apoyos que brinda el gobierno federal a los refugios a pesar de que el propio instituto envía a mujeres víctimas de violencia junto con sus hijas e hijos para que se les brinde el refugio correspondiente.
Por ello, como defensoras de los derechos humanos, le exigieron al gobernador que cumpla el mandato constitucional previsto en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humano, particularmente los derechos de las mujeres.
