La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada por un periodo de cinco años la información correspondiente al proceso de extradición internacional de Karime Macías Tubilla, expresidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz. Con esta determinación, el expediente permanecerá fuera del acceso público hasta el año 2031.
La resolución CTA-155/2026, emitida por el Comité de Transparencia de la SRE, responde a una solicitud de acceso a la información que requería el expediente enviado a las autoridades del Reino Unido, así como las pruebas presentadas ante la Corte de Magistrados de Londres. Macías Tubilla es requerida por el Estado mexicano debido a un presunto daño patrimonial de 112 millones de pesos en el organismo asistencial durante la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa.
Alcance de la reserva institucional
La restricción aprobada por la Cancillería abarca los siguientes rubros:
Comunicaciones oficiales: Intercambios entre la SRE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Embajada de México en el Reino Unido.
Documentos internos: Minutas, reportes de seguimiento y análisis de la estrategia jurídica.
Costos de litigio: Información sobre pagos a despachos de abogados externos en Europa, de manera específica los relacionados con el litigio a cargo de Mark Summers.
Asimismo, la dependencia determinó la confidencialidad permanente de datos personales sensibles contenidos en el caso, tales como nombres y fotografías de testigos, víctimas, jueces y fiscales, rechazando la entrega de versiones públicas testadas.
Argumentos legales y seguridad nacional
Para sustentar la medida, la SRE expuso que la difusión de los datos vulneraría la seguridad nacional y afectaría las relaciones internacionales, así como la cooperación jurídica penal con otras naciones. Añadió que la causa penal de origen, radicada en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, continúa en trámite.
De acuerdo con el desglose de la resolución, la entrega de los documentos solicitados pondría en riesgo las investigaciones vigentes, obstruiría las facultades de persecución del Ministerio Público Federal y vulneraría el principio de presunción de inocencia al propiciar un juicio público anticipado antes de la existencia de una sentencia firme.
Inexistencia de datos financieros
Respecto al desglose de los recursos públicos erogados en el proceso —gastos diplomáticos, traslados y honorarios legales—, la SRE declaró la inexistencia de constancias documentales en sus archivos tras la búsqueda correspondiente.
La Cancillería precisó que, bajo el marco de la Ley de Extradición Internacional, las peticiones activas son tramitadas por la FGR. Por tal motivo, remitió la competencia institucional sobre los costos y la estrategia financiera a dicha fiscalía, la cual interviene de manera procesal en el caso.
