La mañana de este viernes, trabajadores del sector salud realizaron protestas simultáneas en distintos puntos de Veracruz para exigir el pago de salarios que el gobierno estatal no había cubierto en tiempo y forma. Las manifestaciones evidenciaron una nueva falla en la operación financiera de la administración encabezada por Rocío Nahle.
Ante la presión pública, la gobernadora ordenó al secretario de Finanzas, Miguel Reyes, liberar recursos estatales para cubrir los adeudos. La instrucción ocurrió solo después de que el conflicto escalara a la calle, obligando a la autoridad a reaccionar frente al impacto social del incumplimiento.
Se sabe que los pagos comenzarán a reflejarse de manera paulatina horas más tarde, confirmando la deficiente planeación y ejecución administrativa que dejó sin ingreso a cientos de trabajadores y a sus familias.
El episodio expone un patrón recurrente en la gestión de Rocío Nahle: la atención a problemas básicos solo ocurre cuando estos se convierten en crisis visibles. La falta de previsión en un rubro tan sensible como la nómina del sector salud pone en entredicho la capacidad operativa del gobierno estatal y genera incertidumbre entre el personal que sostiene uno de los servicios más críticos para la población.
Más allá de la reacción oficial, el gobierno de Veracruz permitió que trabajadores esenciales quedaran sin salario, obligándolos a manifestarse para obtener lo que por derecho les corresponde.
