La salida de Ramón Santos Navarro de la Contraloría General del Estado no fue una renuncia tersa ni negociada. Fue una destitución. Y como toda remoción en un órgano estratégico de fiscalización, anticipa efectos políticos inmediatos y posibles consecuencias legales para quienes operaron bajo su mando. Se abre la caja negra.
En la administración de Rocío Nahle García, la Contraloría constituye el eje del control interno y la vigilancia del ejercicio presupuestal. El relevo, por tanto, trasciende el ajuste administrativo. Con la llegada de Bárbara Galindo a la titularidad se perfila una reingeniería de fondo; una depuración que alcanzaría áreas sustantivas y mandos medios.
Entre los primeros movimientos se anticipa la salida de Antonio Paxtian Álvarez, director general de Fiscalización, y de Luis Francisco Jiménez López, aún titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas. Ambos han sido señalados al interior de la dependencia por presuntas prácticas de presión, amenazas y la generación de un entorno laboral adverso que, según testimonios del personal, afectó la operatividad institucional.
El caso de Paxtian Álvarez —quien públicamente se asumía como prospecto natural para encabezar la Contraloría— reviste especial gravedad. Versiones internas refieren conductas impropias en el ámbito laboral, incluso frente a la hoy contralora general, quien habría contenido el episodio sin escalarlo mediáticamente. De confirmarse, no se trataría sólo de una falta ética, sino de posibles responsabilidades administrativas susceptibles de investigación formal.
Otro foco crítico se ubica en la Dirección de Responsabilidades Administrativas donde más de 200 expedientes contra funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción habrían prescrito sin resolución de fondo. En términos jurídicos, una prescripción masiva no es un simple rezago, implica negligencia grave en la sustanciación de procedimientos o, en el escenario más delicado, una omisión deliberada que favoreció la impunidad. De acreditarse, podría configurarse incumplimiento del deber legal.
La depuración, en consecuencia, no sería selectiva. Fuentes internas sostienen que buena parte de los mandos medios en Fiscalización y Responsabilidades se encuentra bajo evaluación. Pero cuando la cadena de control falla, el ajuste no puede limitarse a la cúspide.
En contraste con el clima previo, trabajadores de la dependencia reportan una mejora perceptible en el ambiente laboral tras la destitución. Hablan de mayor apertura, certidumbre operativa y un trato institucional distinto. Incluso han expresado reconocimiento a la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García por intervenir en una instancia que, aseguran, operaba bajo tensiones constantes.
Galindo ha instruido mantener la operación sin sobresaltos y estableció evaluaciones quincenales en los Órganos Internos de Control. El mensaje es que haya continuidad administrativa con supervisión estricta, sin estridencias, pero con revisión permanente.
La destitución de Santos Navarro abre un capítulo incómodo para la administración estatal. Si las omisiones en los expedientes prescritos se confirman, la Contraloría no sólo deberá depurar responsabilidades internas; también tendrá que explicar cómo el órgano encargado de vigilar la legalidad permitió que posibles actos de corrupción quedaran sin sanción.
La sacudida no es cosmética, es estructural. Y en el terreno del control gubernamental, recuperar credibilidad institucional es tan determinante como aplicar la ley con rigor.
