De acuerdo con un juez federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano violentó normas ambientales con el proceso de deslinde que comenzó en el predio conocido como Sierra Alta, en Coatepec.
Por ello ordenó de manera definitiva suspender el proceso de enajenación de más de 2 mil hectáreas, ya que el daño ambiental violenta las Normas Oficiales Mexicanas.
La SEDATU buscaba enajenar el citado predio a favor de diversos particulares que lo tienen despojado, terrenos que también reclaman ciudadanos que se dicen legítimos propietarios.
El juez determinó que al no haberse validado la legalidad del deslinde, se viola la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo”.
Hay que recordar que dicho predio continúa en disputa por la organización Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesino (CIOAC) y por particulares. Este viernes se programó una audiencia de restitución con 4 supuestos propietarios, pero se reprogramó ante la inasistencia de una de las partes.
La resolución, emitida por la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, también obliga a los agremiados de la CIOAC a detener la afectación del entorno.
Sin embargo, la suspensión en cuestión no paraliza el procedimiento de ejecutar trabajos de medición y deslinde por parte de la SEDATU; aunque dicha afectación se discutirá en audiencia constitucional.
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La abogada de los propietarios, Itzel Jurado Ortiz, dijo que con lo anterior los afectados consiguieron la suspensión definitiva del acto reclamado, es decir, la juez encargada prohibió la degradación del medio ambiente por parte del deslinde.
Cabe señalar que la SEDATU, por medio de la Dirección de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, impugnó la resolución de la juez a través de un recurso de queja, misma que la autoridad declaró infundada y por tanto quedó actualmente sin materia.
La abogada a la vez demandó al Gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que cada quien “cumpla con sus obligaciones”, dado que sus demandas no rebasan el marco normativo.
Cabe recordar que desde 2019 los terrenos conocidos como Sierra Alta fueron ocupados por los campesinos, quienes requirieron el proceso de deslinde. Sin embargo, una vez que la SEDATU inició el trámite aparecieron propietarios que dicen contar con escrituras.
A la fecha están en disputa más de 2 mil hectáreas y la audiencia constitucional definirá si es procedente la repartición del terreno.
