La gestión de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz al frente del Poder Judicial, y de Joana Bautista Flores al frente de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura, tolera el pago de cantidades millonarias por obras mal hechas e inconclusas.
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2021 elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior la construcción, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales de Medellín, Papantla, Tuxpan, Martínez de la Torre por parte de una asociación público-privada, contratada bajo la gestión de Edel Álvarez Peña ha traído diversas irregularidades.
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Por tal razón, el organismo autónomo observó e incluso cuestionó que el Poder Judicial, ahora bajo la gestión de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz no haya hecho valer las cláusulas para exigir a la empresa contratista cumplir con las obras en tiempo y forma, por el contrario, continúa pagándole “cantidades nada menores”.
En términos generales, las ciudades judiciales de Medellín, Papantla, Tuxpan y Martínez de la Torre coinciden en que hubo áreas que no se construyeron conforme a los proyectos constructivos ofrecidos y aprobados; igualmente, los climas con deficiencias, existen filtraciones y goteras en todos los edificios y los espacios son más pequeños de lo previsto.
A pesar de ello, el Poder Judicial cumple puntualmente con pagarle a la asociación público que se constituyó desde el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y con el aval de Edel Álvarez Peña al frente del Poder Judicial.
La simulación y los enjuagues en el órgano de impartición de justicia sigue el mismo camino que en las administraciones pasadas.
