La Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a abstenerse de realizar enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente daño a la hacienda pública de la entidad o un acto de sabotaje a la capacidad operativa de la próxima administración.
Al presentar el Punto de Acuerdo de urgente resolución, aprobado en votación económica, la morenista Dorheny García Cayetano señaló que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del estado publicitó el rescate de maquinaria pesada abandonada en diversos municipios, principalmente de material ferroso y de medio uso a efecto de subastarla.
Indicó que la convocatoria no puede ser consultable en la página en Internet, lo que representa, según ella, una irregularidad porque no se tiene certeza jurídica de que la maquinaria haya sido valuada conforme a los precios actuales en el mercado.
Consideró de vital importancia transparentar ese procedimiento y resaltó que el órgano fiscalizador estatal formuló diversas observaciones y recomendaciones a la mencionada secretaría.
El priista Héctor Yunes Landa apoyó el Punto de Acuerdo. En contraste, el panista Carlos Alberto Valenzuela González subrayó que se acusa de que son 597 equipos de maquinaria los que se pretenden enajenar, cuando en total son 120 unidades de maquinaria y algunos de los bienes que están en la lista de lo que se considera como indispensable son tres autos que están oxidados y ya no encienden.
Negó que se quiera sabotear al siguiente gobierno, pues la aprobación de dicho dictamen en el Congreso de Veracruz fue el 15 de febrero.
Añadió que la información está disponible en la Gaceta Oficial de la entidad del 20 de febrero. Por Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé consideró que “el gobernador debe ocuparse de la ola de inseguridad y de la crisis de humanitaria y dejar de enajenar bienes e inmuebles”.
Norma Azucena Rodríguez Zamora, del PRD, dijo que su partido votaría en abstención, aunque indicó que es necesario que toda autoridad esté obligada a respetar el marco legal en todas sus actividades.
En tanto Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del PT, se pronunció por respetar lo dispuesto en el Artículo 134 constitucional, en su párrafo tercero, para que toda enajenación de bienes sea mediante convocatoria y licitación pública y se “aspira a que sean transparentes”.
Por el Encuentro Social, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil precisó que todos los insumos y obras de municipios, estados y federación se deben contratar mediante procedimientos que otorguen certidumbre jurídica y que garanticen las mejores condiciones económicas, tanto para el ente público que adquiere como para la persona que vende, renta, presta servicios o edifica.
