La transición del Poder Ejecutivo constituye un acto jurídico de la mayor relevancia; de su desarrollo ordenado, completo, claro y homogéneo, deriva la estabilidad en las dependencias y entidades, la continuidad de los planes y programas, la prestación de servicios, las obras y acciones de beneficio social; en suma, la gobernabilidad, afirmó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del estado.

Indicó que hay leyes, reglas, lineamientos que deben de llevar a buen término este acto jurídico y que quien va a recibir debe tener un conocimiento pleno de la dependencia o entidad a recibir, desde su estructura orgánica como de las atribuciones a la que está obligada a cumplir.

“Quien entrega, debe de hacerlo de manera ordenada, transparente comprometiéndose a que no le quede ninguna duda a quien recibe de los planes o programas que se están desarrollando, de los compromisos asumidos, del personal a su cargo, de los bienes muebles, incluso inmuebles, que están bajo su resguardo, de los asuntos pendientes y cómo deben de cumplirse, etcétera. En pocas palabras, quien recibe y quien entrega, debe cumplir cabalmente con la responsabilidad asumida”, manifestó.

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En su menaje semanal, el servidor público refirió que con el conocimiento de que desde el jueves uno de noviembre se llevaría a cabo la entrega-recepción entre las administraciones saliente y entrante, en el Órgano de Fiscalización Superior se elaboró un Informe Especial denominado “Aspectos a considerar durante la transición del Poder Ejecutivo”.

En el documento, informó, se señalan para las dependencias centralizadas y algunas entidades, aspectos estratégicos para el cumplimiento de sus atribuciones, recomendaciones a las autoridades salientes para el cierre de la administración 2016-2018, sugerencias para el seguimiento de la transición y la mejora de la gestión institucional y propuestas generales para el fortalecimiento de procesos institucionales

La mejora que se persigue tiene que ver con capital humano, contrataciones gubernamentales, obra pública y cierre de ejercicio ya que existe la normatividad para que se haga una transición del Poder Ejecutivo ordenada, transparente y apegada a la legalidad. “La mayor satisfacción que debe tener el servidor público, es el deber cumplido, y haberlo hecho con ética, con compromiso y pensando siempre en el bienestar de los veracruzanos”, dijo el titular del Orfis.

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