En el presente año, en la red de hospitales, clínicas, centros de salud y bodegas de la Secretaría de Salud de Veracruz permitieron que se caducaran medicinas, e incluso se pagó a un particular casi 30 millones de pesos para que las recogiera y les diera una disposición final.

Fue el director de Administración de la Secretaría de Salud, Jorge Sisniega Fernández quien autorizó la contratación de una empresa, originaria de Tlalnepantla, Estado de México, la encargada de recolectar los medicamentos caducos, así como otros artículos como desechos biológicos infecciosos, químicos que no se usaron en laboratorios, entre otras cosas.

El pasado 1 de abril, dicho funcionario lanzó la convocotoria pública nacional para la recolección de dichos productos, la cual tras varias etapas de selección se finalizó con un contrato el pasado 2 de junio.

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La empresa que resultó ganadora se llama Si Equipos y Servicios SA de CV, y se le asignó un contrato por 29 millones 146 mil 450 pesos con 82 centavos.

El objeto de la contratación es el servicio subrogado de recolección, transporte externo, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológico infecciosos, placas radiográficas usadas, lámparas fluorescentes, medicamentos caducos y químicos sin usar de laboratorios en los hospitales de Sesver.

Tal contrato se pagará con recursos de la Aportación Acreditable Estatal 2023, FASSA 2023 y Subsidio Estatal 2023.

Apenas hace un par de días, el diputado local priísta, Marlón Ramírez Marín dio a conocer que tenía detectado que había medicamentos que se permitieron caducar dentro de la Secretaría de Salud, por lo cual informó que profundizaría en el tema.

Esta, no es la primera vez que la Secretaría de Salud de Veracruz es señalada de permitir y ocultar que medicamentos fueron almacenados y no distribuidos y que caducaron sin lograr llegar a la población que los necesitaba.

En el año 2022, fue la propia Secretaría de Salud Federal la cual dio a conocer esa situación y estimó que 800 mil medicamentos habían caducado o estaban por hacerlo, debido a negligencia en la instancia estatal.

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