En Veracruz entró en vigor la reforma que reconfigura por completo el mecanismo para nombrar y remover a la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), otorgando al Poder Ejecutivo un papel central en un nombramiento históricamente disputado. La gobernadora Rocío Nahle promulgó y publicó el decreto que modifica la Constitución local y que, a partir de ahora, permitirá un proceso más expedito y con mayor margen de actuación para el gobierno en turno.
Las modificaciones reducen de nueve a cuatro años la duración del encargo, aunque con la posibilidad de una ratificación por un periodo igual. Esta reducción no es menor: acorta el ciclo del fiscal, lo hace más dependiente del contexto político inmediato y elimina la idea de un periodo prolongado como barrera frente a presiones externas. La ratificación quedará en manos del Congreso, pero si los legisladores no se pronuncian, la ley asumirá que hay aval tácito.
El punto más polémico es la facultad del Ejecutivo de remover al titular de la Fiscalía por “causas graves”. Si bien el Congreso puede objetar la decisión, la reforma establece que el silencio legislativo equivaldrá a una aceptación automática, ampliando en los hechos el poder político del gobierno estatal sobre un órgano que constitucionalmente debería mantener autonomía operativa.
El nuevo procedimiento para el nombramiento también fortalece al Ejecutivo. La gobernadora o gobernador propondrá a la persona que encabezará la Fiscalía y el Congreso tendrá solo cinco días hábiles para decidir, con una mayoría calificada. De nuevo, el silencio legislativo opera a favor de la propuesta. Si se rechaza la primera terna, el Ejecutivo enviará una segunda. Y si esta también se cae o no se vota, el gobierno podrá designar directamente a la persona titular entre las dos propuestas previas.
En términos prácticos, el esquema crea una ruta casi asegurada para que el Ejecutivo imponga a su candidata o candidato, incluso en escenarios de rechazo legislativo. Para los críticos, se trata de una recentralización que podría comprometer la independencia del órgano de procuración de justicia. Para los defensores, es una manera de destrabar procesos de designación históricamente capturados por pugnas políticas.
Las reformas también establecen un perfil detallado para quien aspire a encabezar la FGE: persona “honorable”, con experiencia jurídica, capacidad de dirección, visión de derechos humanos y perspectiva de género. Aunque se trata de lineamientos loables, su cumplimiento dependerá del rigor de las evaluaciones, más que de la letra constitucional.
Con la entrada en vigor de las nuevas reglas, el Congreso tiene 120 días para armonizar la Ley Orgánica de la Fiscalía. Sin embargo, la discusión de fondo va más allá de las adecuaciones administrativas: en un estado con una larga historia de disputas políticas alrededor del Ministerio Público, la reforma reabre el debate sobre la autonomía real de la justicia y la influencia que el poder político puede ejercer sobre ella.
La pregunta que queda abierta es si el nuevo modelo fortalecerá la eficacia institucional o si, por el contrario, consolidará una fiscalía alineada con el gobierno en turno. En Veracruz, el equilibrio entre justicia y política vuelve a estar en juego.
