- A 25 años del atentado a las Torres Gemelas, 15 connacionales perdieron la vida en Nueva York y el sueño de una reforma migratoria con EE. UU. quedó sepultado.
A un cuarto de siglo de los ataques terroristas que transformaron el rumbo de la historia global, la huella del 11 de septiembre de 2001 mantiene una cicatriz permanente en México. Aquella mañana en la que 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aeronaves comerciales —dos de las cuales colapsaron el World Trade Center en Nueva York— no solo se cobró la vida de casi tres mil personas, sino que sepultó la oportunidad más cercana de concretar un acuerdo migratorio bilateral con Estados Unidos.
Entre las 2,977 víctimas mortales registradas en los colapsos de las torres Norte y Sur, el Pentágono y el campo de Pensilvania, se documentó el fallecimiento de al menos 15 ciudadanos mexicanos, de acuerdo con registros universitarios de la UNAM y reportes periodísticos. La mayoría de los connacionales se desempeñaba en labores operativas y de servicio dentro del complejo, principalmente en recintos emblemáticos como el restaurante Windows on the World, ubicado en el piso 107 de la Torre 1.
Debido a la fuerza de los impactos y el colapso del inmueble, la identificación de los restos se prolongó por años, confirmándose eventualmente las identidades de originarios de diversos estados del país:
- Puebla: Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez, Leobardo López Pascual, Alicia Acevedo Carranza, Víctor Antonio Martínez Pastrana y Juan Romero Orozco.
- Aguascalientes: José Guevara González y Jorge Octavio Santos Anaya.
- Jalisco: José Manuel Contreras Fernández y Margarito Casillas.
- Morelos: Juan Ortega Campos.
- Tlaxcala: Martín Morales Zempoaltécatl.
- Ciudad de México: Arturo Alba Moreno.
- Estado de México: Germán Castillo García.
- Oaxaca: Fernando Jiménez Molinar.
(Un caso adicional, el de Norberto Hernández, permaneció en los registros sin que las autoridades lograran certificar formalmente su nacionalidad).
El colapso diplomático de la “enchilada completa”
Más allá del costo humano, el impacto geopolítico del 11-S frenó abruptamente la política exterior mexicana. Apenas una semana antes de las explosiones, el expresidente Vicente Fox Quesada y su homólogo estadounidense, George W. Bush, sostuvieron conversaciones para formalizar un pacto de regularización que amparara a millones de trabajadores indocumentados en territorio norteamericano.
El plan, bautizado mediáticamente por el entonces canciller Jorge G. Castañeda como la «enchilada completa», contemplaba un esquema de legalización progresiva, programas de trabajo temporal y mayor inversión bilateral para mitigar las causas de la migración en los municipios de origen. A cambio, Washington obtendría mayor certidumbre y control en el flujo de su frontera sur.
Tras la caída de los edificios en Manhattan, la prioridad de la Casa Blanca dio un giro radical de 180 grados hacia la seguridad nacional, el antiterrorismo y el blindaje fronterizo. La negociación migratoria quedó cancelada de forma indefinida, reconfigurando para siempre la relación entre ambas naciones y dejando a millones de migrantes en la incertidumbre jurídica que persiste hasta hoy.
