Una investigación del semanario Proceso reveló un esquema de asignaciones directas por un monto total de 84.12 millones de pesos de recursos públicos destinados a la producción de la serie audiovisual “Los años heridos”, proyecto en el cual Jesús Ramírez Cuevas —exvocero presidencial de Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum— figura como asesor general y principal figura reconocida en los créditos.
El financiamiento del proyecto audiovisual, enfocado en la represión política y la denominada Guerra Sucia en México,provino de tres instituciones públicas mediante contrataciones directas sin concurso ni licitación:
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): 60 millones de pesos para seis episodios.
- Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la CMX): 12.76 millones de pesos por un programa unitario.
- Canal Once (IPN): 11.36 millones de pesos por un capítulo.
El mecanismo: derechos de autor y adjudicación directa
La justificación legal para prescindir de la licitación pública se cimentó en los derechos de autor de la obra homónima publicada en 2019 por Fritz Glockner, quien en febrero de 2022 —siendo director general de la red estatal Educal— traspasó los derechos de adaptación a la casa productora Gravedad Cero Films. El acuerdo permitió a la empresa argumentar titularidad exclusiva para recibir las adjudicaciones. Los documentos oficiales omiten las condiciones financieras de dicho traspaso.
Gravedad Cero Films fue cofundada por Erwin Neumaier, exdirector del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y responsable de las transmisiones de las conferencias matutinas del sexenio anterior. Aunque Neumaier sostuvo haber dejado la firma en 2013, en octubre de 2020 firmó como servidor público la administración de un pedido de hasta 10 millones de pesos hacia la propia entidad privada.
Costo desproporcionado e irregularidades contractuales
Con una duración total de 534 minutos repartidos en ocho episodios, el costo promedio por minuto de la serie alcanzó los 157 mil pesos. La cifra representa un incremento de entre 8 y 11 veces superior respecto a contrataciones previas de la misma productora con Canal Once, cuyos montos oscilaban entre 14 mil y 20 mil pesos por minuto.
Entre las anomalías documentadas por la investigación destacan:
- Tiempos de gestión: Capital 21 concretó la adjudicación y la firma del contrato en un lapso de solo 13 días.
- Inconsistencias legales: El expediente de Canal Once consigna de forma simultánea una cesión temporal por cinco años y la titularidad exclusiva de los derechos para el canal, además de fijar una fecha de entrega posterior al estreno de la obra.
- Retrasos no sancionados: La CNDH estableció el 31 de diciembre de 2025 como plazo límite de entrega para sus seis capítulos; no obstante, los registros públicos aparecieron hasta agosto de 2026 sin que conste la aplicación de penas convencionales o convenios modificatorios.
Posición de las partes
En la conferencia matutina del 12 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó tener conocimiento del proyecto al señalar: “Me platicó Jesús Ramírez de la serie”.
Por su parte, Proceso envió un cuestionario a Ramírez Cuevas el 26 de octubre de 2026 para aclarar su grado de intervención en la gestión de fondos públicos, eventuales percepciones económicas o notificaciones a órganos de control interno. El funcionario no emitió respuesta.
