Amnistía Internacional advirtió un deterioro sostenido en la situación de derechos humanos en México durante 2025, marcado por la crisis de desapariciones, el incremento de asesinatos de defensores y periodistas, y la creciente vulnerabilidad de migrantes y personas desplazadas por la violencia.

En su informe anual sobre la situación global, la organización ubicó al país entre los más peligrosos para el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos fundamentales.

El documento refiere que México se colocó en el segundo lugar mundial en homicidios de personas defensoras, con 32 casos registrados en 2024, cifra superior a la del año previo. A ello se suma el asesinato de al menos 25 ambientalistas, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

En materia de libertad de expresión, el reporte retoma cifras de Artículo 19, que documentó siete periodistas asesinados en 2025 presuntamente en represalia por su labor, además de 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios en el primer semestre del año.

La organización también subrayó la gravedad de la crisis de desapariciones. Ante este escenario, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para determinar si este fenómeno ocurre de forma sistemática o generalizada en el país.

En el ámbito migratorio, el informe denunció prácticas como extorsiones, secuestros y cobros ilegales en retenes, además de obstáculos para el acceso a servicios básicos para personas en tránsito. ([informador.mx][4]) Asimismo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58 mil solicitudes de asilo en 2025, principalmente de personas provenientes de Cuba, Venezuela y Haití.

Otro foco crítico es el desplazamiento forzado interno. Un estudio de la Universidad Iberoamericana reportó un aumento de 129% en 2024, con al menos 28 mil 900 personas desplazadas, principalmente en entidades con altos niveles de violencia.

Pese al contexto adverso, el informe reconoce avances puntuales, como la reducción de la pobreza multidimensional a 29.6% de la población y la despenalización del aborto en cuatro estados durante 2025.

El balance general, sin embargo, mantiene a México bajo observación internacional por la persistencia de violaciones graves a derechos humanos y la limitada respuesta institucional frente a estos fenómenos.

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