En el gobierno de Claudia Sheinbaum, la violencia contra las madres buscadoras persiste y se profundiza. De acuerdo con Artículo 19, al menos 14 agresiones han sido cometidas contra mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos: seis continúan desaparecidas y ocho fueron asesinadas.
Las cifras retratan un escenario alarmante y de abandono institucional. El caso más reciente es el de Rubí Patricia Gómez Tagle, asesinada mientras la presidenta realizaba una visita oficial a Sinaloa, una de las entidades donde la violencia y las desapariciones se han normalizado. A la lista se suma María de los Ángeles Valenzuela, cuyo paradero se desconoce desde octubre de 2025. Ambas formaban parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, en Mazatlán.
Para Artículo 19, el mensaje es que en México buscar a un desaparecido puede costar la vida. La organización advierte que el Estado ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes ejercen una labor esencial de defensa de derechos humanos, vinculada al derecho a la verdad, la justicia y la memoria.
El contexto es claro. Sinaloa vive una escalada de violencia asociada a disputas criminales internas, lo que ha convertido a las madres buscadoras en blancos vulnerables, sin protección efectiva y expuestas a represalias. La crisis de desapariciones forzadas avanza mientras las respuestas oficiales se diluyen en discursos y promesas.
Aunque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada obliga a las autoridades a investigar, sancionar y proteger a las víctimas, la realidad contradice el marco legal. Incluso a nivel internacional, organismos como la ONU han advertido desde 2021 sobre la situación de riesgo que enfrentan las buscadoras en México.
Rubí Patricia Gómez Tagle se unió a la búsqueda tras la desaparición de su hijo, Édgar Daniel López Gómez Tagle, el 29 de mayo. Fue asesinada en su propio domicilio, según reportes locales. Su muerte provocó indignación entre colectivos de búsqueda, que denunciaron la ausencia total de medidas de protección y calificaron el crimen como una señal del colapso de la seguridad para quienes se niegan a dejar de buscar.
En México, las madres buscadoras siguen cavando con las manos, pero también cargan con una certeza cada vez más cruda: el Estado no las cuida.
