Estados Unidos confirmó que mantiene bajo observación a funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y advirtió que actuará contra quienes se nieguen a colaborar en las acciones de combate a los cárteles.
La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, declaró que la administración del presidente Donald Trump mantiene como objetivo a servidores públicos relacionados con estructuras criminales que operan en México.
Durante una entrevista con el conductor Jan Jekielek en el programa American Thought Leaders, Carter afirmó que autoridades estadounidenses enfocan parte de sus investigaciones en funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa y sus grupos identificados como Los Mayos y Los Chapitos.
La funcionaria señaló que el gobierno mexicano conoce la postura de Trump respecto al combate al narcotráfico y aseguró que la cooperación es un factor determinante en la relación bilateral en materia de seguridad.
Carter indicó que entre las acciones desarrolladas entre ambos gobiernos se encuentran órdenes de captura, extradiciones e intercambio de inteligencia para ubicar a integrantes de organizaciones criminales.
También mencionó avances en operaciones dirigidas contra Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según explicó, dichas acciones contaron con apoyo de inteligencia estadounidense y colaboración de la Guardia Nacional mexicana.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios estatales, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, Rocha Moya enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento de uso restringido. Las autoridades estadounidenses señalan que, de ser encontrado culpable, podría enfrentar penas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua.
Entre las personas mencionadas en la acusación también figuran el senador de Morena Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien compareció ante una corte federal en Nueva York.
