El revés jurídico al presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quedó firme al no impugnar la Fiscalía General (FGR) la decisión de un juez federal de no conceder 31 órdenes de aprehensión para acusar al mismo número de científicos.
Cabe recordar que el juez de control federal, Gregorio Salazar al estudiar el fondo del asunto, determinó que no había elementos para apresar y procesar a 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La FGR pretendía imputar delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Al respecto, en entrevista con un medio nacional José Rodrigo Roque, uno de los 31 investigadores imputados, explicó que este lunes se venció el plazo para que la FGR apelara la decisión del juez en el que encuentra que no hay delito de peculado y, por tanto, no hay el uso ilícito de atribuciones y tampoco hay lavado de dinero y delincuencia organizada.
“La resolución del juez, que entró al fondo del asunto y que dijo aquí ‘no hay delito’, debió haberla impugnado la FGR y no lo hizo; es decir, la FGR no nos podría investigar por los hechos que no impugnó”, dijo en entrevista telefónica.
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“El juez resolvió, ya hay una resolución judicial que dice que somos inocentes”, agregó quien fuera director adjunto de asuntos jurídicos del Conacyt.
Sin embargo, es necesario destacar que la FGR ha señalado que la acusación en contra de los investigadores del Conacyt y exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por un presunto quebranto al erario federal de 471 millones de pesos, será replanteada.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución Mexicana, las autoridades no pueden acusar por los mismos hechos a quienes pretendan imputar, pero sí deja abierta la posibilidad de seguir investigando y en su momento, pedir nuevamente una orden de aprehensión.
“Hay que esperar la determinación que tome la FGR y, con base en ello, actuaremos. Demostraremos nuestra inocencia”, refirieron.
Este lunes el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, publicó una serie de mensajes en Twitter, donde dejó entrever la posición del gobierno federal con relación a este tema, insistiendo en que sí hay un delito patrimonial imputable a los integrantes de la comunidad científica y que se va a proceder contra ellos.
“El Foro Consultivo gastó 471 mdp en tintorería, comidas, viajes y salarios”, dijo Ramírez Cuevas en un primer mensaje. Y acusó que dicho foro presionó para recibir 33 millones de pesos más del Conacyt, habiendo ejercido ya 16 millones.
“Durante 16 años recibió 571 mdp, pero sólo 100 mdp los utilizó para proyectos de ciencia y tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos”, agregó.
“Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de Conacyt; su directora no tiene causa legal en contra. El gobierno no persigue a científicos ni a nadie, pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, dijo.
En tanto, parte de los investigadores imputados se reunió ayer con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien les ofreció que el Poder Judicial actuará en este caso, como en todos, con objetividad, imparcialidad e independencia.
