Las estadísticas de incidencia delictiva que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestran solo los delitos que cuentan con una carpeta de investigación; es decir, aproximadamente 7 de cada 100 delitos que ocurren en el país.
Además, Causa en Común ha detectado anomalías y probables manipulaciones en los números oficiales debido a omisiones en los registros, probables subregistros mediante la reclasificación de los delitos y comparaciones a modo a efecto de presentar supuestas disminuciones de los delitos reportados.
Aún así, entre enero y julio de 2023, se reportaron 17,598 víctimas de homicidio doloso; 513 víctimas de feminicidio; 464 víctimas de secuestro; 6,423 víctimas de extorsión; 170,488 casos de violencia familiar y 52,738 casos de narcomenudeo. En 57 meses de gobierno, el número de homicidios está por llegar a los 165 mil y el de desaparecidos supera los 44 mil.
Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios
De enero a agosto, Causa en Común ha registrado 4,406 atrocidades, entre las que destacan 1,272 casos de tortura, 424 descuartizamientos, 300 masacres, 171 calcinados, 646 asesinatos de mujeres con crueldad y 178 asesinatos de niños.
Desde enero de 2020 a agosto de 2023 se han reportado 21,390 atrocidades, entre las que destacan 5,160 casos de tortura, 2,778 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,001 masacres,1,297 calcinados, 2,108 asesinatos de mujeres con crueldad y 1,320 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
La inoperancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública
El Consejo Nacional de Seguridad Pública es una simulación política que emite acuerdos insustanciales, ambiguos y no evaluables, y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias.
Ni el SESNSP, ni el gobierno federal, ni los gobiernos locales, cumplen con sus obligaciones en cuanto a la promoción del desarrollo policial, ministerial y penitenciario.
Policías
Se han presentado aumentos mínimos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), mientras que el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) desapareció en el 2021. Para el 2023, se asignaron mil millones de pesos a un nuevo programa sustituto, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP); sin embargo, no representa ni la cuarta parte del monto asignado al FORTASEG.
Entre enero y agosto, se registraron al menos 56 movilizaciones de policías, entre las que se encuentran 17 paros, 36 manifestaciones y 3 emplazamientos a paro. En lo que va del sexenio se registraron 387 movilizaciones de este tipo.
En lo que va de este año registramos, al menos, 293 policías asesinados en el país, un promedio de 1.2 policías asesinados cada día. Durante el actual sexenio, han asesinado a 2,111 policías.
Fiscalías
No hay ningún esfuerzo para desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías. De hecho, el personal adscrito a las Fiscalías Generales Estatales (FGEs) y a la Fiscalía General de la República (FGR) ha registrado disminuciones desde 2018.
Y, mientras disminuye la capacidad de las fiscalías, aumenta el número de delitos denunciados. Durante el 2021 (último censo disponible) se abrieron más de 2 millones de carpetas de investigación, un 8.5% más que el año anterior. Mientras tanto, al cierre del 2021 la FGR acumulaba más de 50 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes de concluir, por otro lado, las FGEs acumulaban más de 2 millones y medio.
Penales
El número de mexicanos en la cárcel pasó de 197 mil en diciembre de 2018, a 226 mil al cierre de 2022, un aumento del 18%. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de un incremento en la capacidad instalada del sistema penitenciario. De hecho, a pesar de que el 63% de los penales del país reportan sobrepoblación, cinco penales federales han sido clausurados.
La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha provocado el aumento del número de personas privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia. A finales de 2022, 88 mil personas se encontraban recluidas bajo la medida de prisión preventiva, lo que representa el 39% de la población carcelaria.
Militarización
A finales de 2022, del total de elementos de la GN, 71% corresponden a militares que mantienen sus plazas en la SEDENA y la SEMAR, violando la disposición constitucional en el sentido de que dicha corporación sea de carácter civil.
El 62% del total de elementos de la GN contarían con cursos de capacitación inicial. El 51% del total contarían con el Certificado Único Policial, obligatorio por ley.
El monto asignado para la GN en el 2023 (67 mil 826 millones de pesos) es 17 veces mayor al de 2020.
Además de la titularidad de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia, 14 secretarías de seguridad pública estatales son encabezadas por militares. Al menos 1,237 miembros de las Fuerzas Armadas ocupan cargos como secretarios, directores y administradores en corporaciones locales.
Entre otras funciones civiles, destaca la titularidad de 17 oficinas estatales del Instituto Nacional de Migración; la totalidad de las Administraciones Portuarias Integrales; la totalidad de las aduanas; la Agencia Federal de Aviación Civil; la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE; la administración de las empresas estatales como Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, Aerolínea del Estado Mexicano, Grupo Aeroportuario Casiopea, Turística Integral Islas Marías, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México y el Tren Maya.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encuentra plenamente subordinada al Ejecutivo, de enero de 2019 a agosto de 2023, la SEDENA, la SEMAR y la GN acumularon 4,202 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas quejas están relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias. Además, han recibido 16 recomendaciones por parte de la CNDH, de las cuales ocho son por violaciones graves a derechos humanos.
Cabe resaltar que, de 2020 a 2022, no ha habido elementos sancionados penalmente por actos contrarios a la ley en el desempeño de sus funciones.
Víctimas
El Sistema Nacional de Atención a Víctimas no existe y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra en el abandono. De hecho, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), gestionado por la CEAV, fue eliminado en 2020, con lo que se perdieron 500 MDP destinados para el auxilio de las víctimas de delitos graves y de violaciones a los derechos humanos.
Los pocos apoyos que aún son otorgados consisten en traslados, alimentación y alojamiento. En 2022, sólo 20 de los 13,034 apoyos otorgados fueron etiquetados como medidas reparatorias por violaciones a los derechos humanos, lo que equivale al 1.53%.
Se agrava el problema de la incorporación de víctimas en el Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI). En 2022, 6,888 víctimas fueron incluidas en el RENAVI, lo que supone una disminución del 36% con respecto al 2019. Aún más grave es la decisión del presidente de otorgar a los “servidores de la nación” la responsabilidad de llevar a cabo un nuevo censo sobre desaparecidos con el fin de manipular políticamente los registros de víctimas.
Las mentiras y manipulaciones sobre incidencia delictiva, el abandono del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el protagonismo del poder militar, no solo abren espacios para que el crimen organizado opere a sus anchas en todo el país, sino que también atentan contra el sistema democrático definido en nuestra Constitución. Si queremos preservar derechos y libertades, a México le urge un cambio de rumbo.
