Los precios de los alimentos en México alcanzaron su mayor nivel en 23 años en agosto pasado en términos anualizados, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), atizados según especialistas por la guerra entre Ucrania y Rusia y por la secuela de la pandemia de Covid-19.
La canasta alimenticia en México, en la que no se incluyen las bebidas alcohólicas, representa el principal impulsor de la carestía en el país.
Los alimentos procesados registraron un aumento anual de 12,94% en el octavo mes del año, respecto a julio pasado, mientras que los productos agropecuarios generados directamente en el campo se incrementaron 14,9%.
En este último caso destacan algunas alzas verdaderamente escandalosas como la cebolla (100%), las patatas y otros tubérculos (74%), la naranja (44%), la sandía (38%), el tomate verde (35%), el melón (22%) y el limón (23%).
Los productos pecuarios tuvieron un comportamiento menos elevado, destacando el huevo (32%), el pescado (14%), la carne de cerdo y pollo (14%) y la de res (13%), pero de todos modos contribuyó a hacer más difícil a las personas más pobres la obtención de lo indispensable para sobrevivir.
También sobresalieron los aumentos en la harina de trigo (37%), pan blanco (29%), pasteles, pastelillos y pan dulce empaquetado (23%) y pan de caja (23%). Los aumentos en alimentos preparados en pequeños restaurantes fueron también elevados, como consecuencia del incremento en frutas y hortalizas, con un alza anual de 11,31%.
El sector de la energía también registró incrementos preocupantes, en especial en el gas doméstico (31%), la electricidad (10%) y las gasolinas (8%). En términos generales, la inflación se elevó 0,7% en septiembre, la más elevada desde 1998, y el Indice Nacional de Precios anualizado se ubicó en 8,70%, el mayor nivel en casi 22 años.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema el miércoles y acusó a los empresarios de “abusar en tiempos de crisis para obtener altas ganancias”, al advertir que el ministerio de Hacienda les pedirá una explicación.
“Las empresas privadas preponderantes deben apoyar a controlar el aumento de precios”, afirmó el mandatario, quien señaló que se pedirá apoyo a los hombres de negocios que encabezan las grandes compañías distribuidoras, como las cadenas de supermercados Walmart, Chedraui y Soriana. Además, indicó que se pedirá explicación al presidente de la multinacional mexicana Maseca, dedicada a producir harina de maíz, la base de la dieta nacional, Juan González Moreno. Maseca monopoliza el 70% del mercado y su competidora Minsa el 20%, por lo que los precios de sus productos influyen decisivamente en el costo de la vida en México. “Tiene que haber utilidades razonables”, estimó López Obrador, quien sin embargo llamó a los empresarios a “no abusar con ganancias excepcionales en épocas de crisis”.
El mandatario señaló que está analizando su gobierno cómo lograr “una disminución de los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando”.
El gobierno ha puesto en marcha un plan antinflacionario pero sus críticos consideran que es “ineficaz”. Sin embargo, López Obrador dio a conocer su intención de “reforzarlo” para evitar que los precios de los alimentos sigan su incesante marcha ascendente, para lo cual prevé dialogar con los productores de huevo, pollo y atún.
Los especialistas estiman que en países con niveles de desigualdad tan altos como México la inflación compromete la seguridad alimentaria y el acceso a servicios indispensables como la salud y la educación para millones de personas.
“Cuando un fenómeno económico como la inflación tiene un impacto des desproporcionado para la población que pertenece a los estratos de ingreso menores, se dice que tiene un efecto regresivo debido a que produce una ampliación de las brechas de desigualdad social”, afirmó la especialista Ana Karen García.
“Los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos. Pero esto no se queda solo en dinero. Las brechas sociales tan amplias producen que las familias más pobres tengan más carencias en alimentación, educación, vivienda, salud, servicios y seguridad social”, entre otros, afirmó la experta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
