Un poco más de 220.500 personas se encuentran encarceladas en México, según la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL) 2021, publicada este martes.
El informe, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ofrece un acercamiento a la falta de legalidad y la violencia que emplean las autoridades al momento de la detención y traslado de las personas a las agencias del Ministerio Público (MP), y posteriormente, a los centros penitenciarios estatales y federales.
La ENPOL revela que el 43,9 % de los 67.584 internos entrevistados a nivel nacional declaró haber sido acusado o implicado, de manera falsa, en la comisión de un delito. Esta cifra contrasta con el 40,9 % de las personas privadas de su libertad que sí reconoció su participación en algún delito.
El dato anterior resume la cadena de irregularidades y abusos cometidos por las autoridades mexicanas desde el momento en que detienen a una persona. El 42,8 % de los encuestados refirieron que fueron aprehendidos en la calle o sustraídos de algún sitio sin que las autoridades —ya sea Policía Ministerial, Judicial, Estatal, Municipal o Federal o las Fuerzas Armadas— mostrasen una orden de captura.
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Violencia y abusos
Tras la aprehensión, las personas privadas de su libertad relataron la suma de amenazas y actos de violencia física y psicológica a los que se vieron sometidos.
El 42,9 % de los entrevistados por el Inegi denunciaron haber sido amenazados con un arma letal o no letal al momento de su detención. A la par del amago, la Policía causó una lesión leve al 39,3 % de las personas, mientras que provocó una herida grave a otro 15,5 %. El 6,2 % de los reos señaló que su vida estuvo en riesgo por la violencia empleada por las autoridades.
Pese a que la Constitución mexicana establece que las personas detenidas deben ser puestas a disposición de un juez “sin dilación alguna”, el 13,4 % de los internos afirmó que transcurrieron entre 6 y 24 horas del momento de su aprehensión hasta su traslado a una agencia del Ministerio Público (MP) o ante un juez penal; el 6,3 % dijo que pasaron entre 24 y 48 horas; y el 8,4 % denunció que corrieron más de 48 horas.
Es en este contexto de dilación en el que transcurren numerosas violaciones a los derechos humanos, como acredita el 64,5 % de la población privada de su libertad tras afirmar que sufrió algún acto de violencia, cometido o permitido por la autoridad, entre el momento de su detención y su traslado al MP.
Agresiones contra mujeres
En detalle, de las mujeres que denunciaron actos de violencia en este proceso, el 47,8 % afirmó haber estado incomunicada o aislada; el 39,1 % fue amenazada con que levantarían cargos falsos en su contra; el 29,9 % recibió advertencias de que le harían daño a su familia; al 25,1 % la amenazaron con matarla; al 23,3% le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza; y el 22,1 % fue desvestida.
La ENPOL recoge los distintos tipos de agresiones físicas que sufrieron el 39,8 % de las mujeres entrevistadas.
La violencia más común reportada fueron las patadas o puñetazos, con un 29,8 % que informó esta situación tras ser detenidas. Además, el 15,3 % sufrió asfixia o ahorcamiento; el 6,8 %, descargas eléctricas; y el 4,6 % fue lesionada en sus órganos genitales.
La encuesta arroja evidencia sobre las múltiples violaciones al proceso penal que enfrentan las personas privadas de su libertad en la nación latinoamericana.
A nivel nacional, y sin distinción de género, el 50 % de los entrevistados fue interrogado por las autoridades mexicanas, antes de rendir y firmar su declaración. De este porcentaje, el 42,1 % habría sido golpeado o maltratado para asumir la culpa de hechos falsos; el 34,5 % asegura haber sido engañado para declarar su responsabilidad en hechos falsos; y el 16,7 % señala que fue timado para inculpar a alguien más.
