La tensión bilateral escaló tras la solicitud de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió con un argumento central: la petición carece de sustento probatorio.
De acuerdo con la Cancillería, el expediente recibido vía la Embajada estadounidense no incluye elementos de prueba que respalden las acusaciones formuladas ante una corte de ese país. Aun así, el gobierno mexicano no desestimó el procedimiento y decidió canalizar la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá determinar si existen indicios suficientes para proceder conforme al marco legal nacional.
El posicionamiento oficial subraya una lectura estricta del Tratado de Extradición entre ambos países. La SRE sostiene que, tras una revisión jurídica inicial, los documentos no cumplen con los requisitos mínimos para sustentar la acción solicitada. Sin embargo, la remisión del caso a la FGR deja abierta la puerta a una evaluación más profunda, en un terreno donde lo jurídico y lo político inevitablemente se cruzan.
La solicitud fue recibida el martes a las 18:00 horas, en un contexto que rápidamente se volvió público. El Departamento de Justicia estadounidense difundió la acusación un día después, incluyendo no solo a Rocha Moya, sino también a figuras relevantes del ámbito político sinaloense, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán.
Washington sostiene que los implicados mantienen nexos con una facción específica del Cártel de Sinaloa, identificada como “Los Chapitos”. Se trata de una acusación de alto calibre que, de confirmarse, implicaría una penetración profunda del crimen organizado en estructuras de gobierno.
La reacción mexicana no se limitó al terreno técnico. La Cancillería anunció que enviará un extrañamiento formal al gobierno estadounidense por la manera en que se hizo pública la acusación, sugiriendo una inconformidad con lo que considera una exposición mediática prematura.
El episodio revela, una vez más, la fragilidad del equilibrio entre cooperación bilateral y soberanía judicial. Mientras Estados Unidos presiona con señalamientos de alto impacto, México responde con cautela institucional y exige pruebas. El desenlace dependerá ahora de la capacidad de la FGR para validar —o desmontar— una acusación que ya cruzó la frontera política.
