La posible reactivación de la fracturación hidráulica para la extracción de gas natural abrió un nuevo frente de debate en el país, al confrontar visiones sobre soberanía energética y riesgos ambientales.
La discusión surge tras el anuncio del Gobierno federal de analizar tecnologías para explotar gas no convencional con menor impacto ambiental, en un intento por reducir la dependencia de importaciones, principalmente de Estados Unidos.
Especialistas en medio ambiente rechazan la viabilidad de esta práctica. Florencia de Ortúzar, integrante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), aseguró que no existe una versión sustentable del fracking y advirtió sobre sus efectos negativos.
La técnica —explicó— consiste en inyectar agua, químicos y arena a alta presión para fracturar rocas profundas y liberar gas, proceso que implica un alto consumo de agua, riesgo de contaminación de acuíferos, afectaciones al suelo, emisiones contaminantes y posibles movimientos sísmicos.
Desde esta óptica, insistió en que apostar por el fracking prolonga la dependencia de combustibles fósiles en un contexto global que exige acelerar la transición energética.
En contraste, el sector económico reconoce la necesidad de garantizar el abasto energético. Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, señaló que el déficit de gas en el país es un problema estructural que hoy se cubre con importaciones, aunque subrayó la importancia de discutir el tema con transparencia y participación social.
Indicó que los riesgos ambientales deben ser considerados con seriedad, particularmente en lo referente a filtraciones y daños ecológicos, por lo que llamó a un análisis integral que incluya a todos los actores involucrados.
Por su parte, representantes empresariales consideran que la explotación de estos recursos podría ser estratégica. Juan de Dios Barba, de Coparmex, sostuvo que el fracking se aplica en otros países y que existen avances tecnológicos que podrían reducir su impacto ambiental.
Desde esta perspectiva, liberar reservas de gas permitiría disponer de energía más accesible y fortalecer la competitividad económica, siempre que se garantice el respeto a las comunidades, el marco legal y el desarrollo regional.
El debate se da en un escenario complejo, donde México busca equilibrar la autosuficiencia energética con compromisos ambientales, en medio de un mercado internacional marcado por la incertidumbre y la presión por transitar hacia energías limpias.
