La empresa pública Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), constructora adscrita al Gobierno del Estado de Sinaloa, realizó tres transferencias bancarias a la firma Ahavat Logistics Solution entre el 4 y el 23 de abril de 2024, de acuerdo con registros contables internos consultados por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los movimientos financieros sumaron un total de 678 mil 900 pesos, emitidos desde una cuenta de la institución Banorte. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaron a Ahavat Logistics Solution como parte de una red de contrabando de combustible y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Irregularidades en el registro de proveedores
Los libros contables de Preecasin clasificaron los traspasos bajo el concepto de “pago de factura”, sin especificar los bienes o servicios objeto de la transacción.
Una revisión de las plataformas públicas del Gobierno de Sinaloa y del sistema Compranet reveló que Ahavat Logistics Solution no figura en el padrón de proveedores oficiales de la entidad, por lo que no existen contratos, licitaciones ni adjudicaciones directas que justifiquen formalmente las erogaciones. Preecasin, organismo descentralizado creado en 1987, opera como la principal ejecutora de obra pública de la administración estatal desde hace 15 años.
Operación y vínculos corporativos
Ahavat Logistics Solution se constituyó el 13 de febrero de 2017 en Toluca, Estado de México, fijando su objeto social en la comercialización e importación de hidrocarburos. En junio de 2020, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó el permiso H/23558/COM/2020 para la venta de petrolíferos.
A pesar de declarar domicilios fiscales en las localidades mexiquenses de Acambay y Metepec, la empresa registró una dirección operativa en la calle Pablo Villaseñor, en Guadalajara, Jalisco. Dicho inmueble coincide con la sede de Jomadi Logistics & Cargo, otra compañía señalada por las autoridades estadounidenses en el esquema de tráfico de combustible.
Ambas sociedades comerciales tienen como accionista mayoritario y administrador único a José Refugio Ruiz Villagómez, sancionado por la OFAC el 30 de junio de 2026. Los reportes de la FinCEN señalan que estas firmas introdujeron combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia territorio mexicano y realizaron transacciones financieras por decenas de millones de dólares con intermediarios del CJNG.
Contexto institucional
Las transferencias se efectuaron durante la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo en noviembre de 2021 y posteriormente solicitó licencia debido a una acusación formal presentada por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. El expediente judicial estadounidense señala presuntos vínculos operativos entre la administración local y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Reportes oficiales del Gobierno de México detallaron que durante este periodo se registró una cooperación táctica entre el CJNG y la facción de Los Chapitos en el sur del estado. El pasado 16 de junio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el financiamiento y envío de elementos operativos por parte del CJNG hacia dicha región.
