Las conferencias “bananeras” de la llamada cuarta transformación no destacan por su transparencia, sino por los mensajes políticos y las falsedades reiteradas que se emiten desde Palacio Nacional. En el México gobernado por Claudia Sheinbaum, las acusaciones públicas, los testimonios directos y las investigaciones periodísticas documentadas parecen insuficientes cuando los señalados pertenecen al oficialismo.
El episodio más reciente lo protagonizó la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro. La funcionaria eludió una pregunta puntual: si su dependencia debe investigar los señalamientos formulados por el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra sobre presuntos actos de corrupción y delitos cometidos por funcionarios durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La respuesta fue predecible: la “narrativa” no basta; quien tenga pruebas, que presente su denuncia. De inmediato, la presidenta reforzó la línea: sin denuncia formal no hay investigación.
El argumento encierra tres implicaciones graves.
Primero, los delitos como lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico, corrupción y extorsión se persiguen de oficio. No requieren querella previa. Si un exfuncionario de alto nivel revela hechos potencialmente delictivos, la autoridad tiene la obligación legal de abrir investigaciones preliminares. No es una opción política; es un mandato jurídico.
Segundo, el contexto mina cualquier expectativa de autonomía institucional. En su libro, Scherer sostiene que la responsable del combate a la corrupción en el sexenio anterior fue removida tras intentar investigar al hijo de Manuel Bartlett. El mensaje que subyace es inequívoco: hay intereses intocables.
Tercero, el andamiaje institucional luce alineado con Morena. La Fiscalía General de la República investiga; los jueces federales procesan; los magistrados revisan; la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve; el Congreso determina responsabilidades políticas. Cuando la percepción pública es que todos los eslabones responden al mismo proyecto, la credibilidad del sistema se erosiona estructuralmente.
Buenrostro aseguró que su dependencia puede iniciar investigaciones de oficio cuando existen elementos objetivos, pero no ante simples “dichos”. Sin embargo, aquí no se trata de rumores anónimos: las acusaciones provienen de quien ocupó la Consejería Jurídica de la Presidencia, con acceso directo a información estratégica del gobierno.
Exigir denuncia formal como condición previa funciona, en los hechos, como mecanismo de contención. Traslada la carga probatoria al denunciante y posterga la acción institucional. Es un argumento defendible en términos procesales, pero políticamente funcional para cerrar filas.
El saldo es un círculo perfecto: si los señalados pertenecen al partido en el poder y las instancias encargadas de investigar y juzgar operan bajo su influencia política, la probabilidad de sanción real disminuye. Se consolida así un blindaje que no combate la corrupción, sino que la administra discursivamente.
La cuestión central no es la existencia de pruebas -eso corresponde determinarlo a la autoridad competente-, sino la voluntad efectiva de investigar cuando los nombres involucrados forman parte del mismo proyecto político.
El mensaje desde Palacio es directo: sin denuncia formal no hay caso. Y en ese vacío deliberado, la sospecha de impunidad se transforma en política de Estado.
Ese es el grupo que gobierna México, el que en la arenga pública prometió “no robar, no traicionar y no mentir”.
