La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). Por primera vez en su historia, el órgano fiscalizador echó mano del Programa de reducción de sanciones para colaborar con “informantes clave”, quienes entregaron un arsenal de evidencia que salpica la gestión de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei.
De acuerdo con el titular de la ASF, Aureliano Hernández, este esquema de cooperación confidencial permitió a los auditores acceder al núcleo de una presunta red de corrupción focalizada en la licitación y adjudicación de contratos públicos dentro del arbitro electoral.
Revelaciones, videos y “moches” al descubierto
Al menos tres personas vinculadas a empresas proveedoras decidieron acogerse a este beneficio legal a cambio de aportar pruebas directas sobre las anomalías operativas.
- El botín probatorio: La ASF confirmó la recepción de testimonios directos, archivos financieros,imágenes, grabaciones de video, registros de mensajes, así como listas de nombres y alias de los involucrados.
- El modus operandi: Los indicios recabados señalan que los beneficiarios reales de las empresas sobrevolaban el proceso de contratación, participando activamente en la selección de proveedores y acomodando los requisitos técnicos de las convocatorias a conveniencia de sus propios intereses.
- Rastreo de recursos: El órgano fiscalizador mantiene abiertas las líneas de investigación para dar con el paradero de los fondos públicos desviados e identificar a la totalidad de los funcionarios y empresarios implicate en la trama.
Esta figura de delación informada, instrumentada por Aureliano Hernández al amparo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, marca un precedente en la fiscalización de los organismos autónomos del país y deja al descubierto graves fisuras operativas en el arbitraje electoral.
