Altos funcionarios de la administración del exjefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (2012-2018), participaron en una red que operó el desvío de más de 2,000 millones de pesos (cerca de 100 millones de dólares) provenientes de los recursos públicos, según denunció este viernes la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital.
De acuerdo a la acusación, el primer esquema de desvío de fondos públicos fue operado por el exsubsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien en colusión con un grupo de servidores públicos y tres empresas, habría simulado la devolución del pago por Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Las empresas cobraban una comisión del 20 % para simular que el gobierno local les devolvía dinero en concepto del ISR. En realidad, este esquema permitió una “distribución millonaria entre servidores públicos” que, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, ascendió a unos 986 millones de pesos (unos 47,1 millones de dólares, al tipo de cambio de 20,9 pesos).
En el segundo ‘modus operandi’, Vázquez Reyes y cómplices habrían aparentado el pago en efectivo de la nómina y los fondos de ahorro de los trabajadores del gobierno para desviar más de 1.100 millones de pesos (52,6 millones de dólares).
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“Así comenzó una nueva red de distribución millonaria entre servidores públicos del gobierno del Distrito Federal y de otros actores”, apuntó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, en conferencia de prensa.
Despojos en la Central de Abasto
Además, las autoridades señalaron que el exjefe de gabinete de Mancera, Julio César Serna, habría utilizado su cargo como administrador de la Central de Abasto para realizar despojos en este importante mercado de la capital.
Serna, quien actualmente está en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, presuntamente realizó clausuras en establecimientos de la Central de Abasto. Posteriormente, habría fabricado delitos para vender estas bodegas “de forma ilegal y quedarse con el dinero”.
“En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios”, agregó la dependencia.
La Fiscalía detectó que los bienes y gastos realizados por Serna no corresponden con sus salarios como funcionario público. Así, “el incremento ilícito de sus ingresos” investigado sería de cerca de 47,8 millones de pesos (2,2 millones de dólares).
Las investigaciones refieren que los exfuncionarios habrían hecho uso de sus cargos para “robar el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares”.
