Ciudad de México.- La contrarreforma relativa a la mal llamada Guardia Nacional que anunció en días pasados el presidente López Obrador es la continuación de su obsesión militarista: contempla una plena militarización de la agrupación, otorgándole fuero militar a sus miembros, descartando al personal civil, y subsumiéndola orgánica, funcional y administrativamente en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es importante subrayar la simulación de que se trata de una corporación para la seguridad pública. No es el caso. La denominada Guardia Nacional es una agrupación de soldados sin capacitación policial y a la cual se le ordena en el papel ejecutar una inexistente “estrategia nacional de seguridad pública”, que habría sido definida por una Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, institución que, como muchas otras, ha sido reducida a un membrete. De hecho, no sólo no existe ningún documento gubernamental que dé cuenta de una estrategia de seguridad, sino que los resultados de los rondines militares de los últimos años son paupérrimos en términos de seguridad. Es por ello una irresponsabilidad mayúscula insistir en movilizar soldados bajo la sombra de los “abrazos” que de manera cotidiana envía a los grupos criminales el jefe del Ejecutivo. También de la mayor gravedad son las facultades de investigación que se le otorgan al Ejército, sobre todo a la luz de la confirmación de labores de espionaje que no les corresponden y que, dada la inacción contra las organizaciones criminales, sólo pueden tener una motivación política.
La definición presidencial de brazos caídos para las Fuerzas Armadas resulta especialmente grave considerando los asesinatos, las masacres, los secuestros, las extorsiones y los desplazamientos forzados que todos los días cimbran al país. Las cifras de incidencia delictiva, de por sí escandalosas, no reflejan ni remotamente esta realidad, tanto por el miedo a denunciar, como por los malabares numéricos del presidente y su equipo. La eliminación de decenas de miles de registros de personas desaparecidas es sólo un ejemplo de la manipulación por parte de un gobierno cuyo principal esfuerzo es el de mentirle al país.
Es también importante subrayar que la militarización en curso no tiene ningún carácter complementario a las corporaciones civiles, sino que se realiza a su costa, empezando por la desaparición de la Policía Federal (que mantuvo resultados muy superiores a los de la Guardia Nacional, como puede constatarse en reportes oficiales), y continuando por la desaparición del fondo federal de apoyo a los municipios en materia de seguridad (FORTASEG) y por el estancamiento del fondo de apoyo a las entidades federativas (FASP).
Congruente con el carácter militarista del gobierno de López Obrador, se pretende también eliminar la contención constitucional que establece que las Fuerzas Armadas no pueden realizar funciones ajenas a la disciplina militar. Se busca así legalizar y perpetuar la serie de encargos que se les han endilgado, atropellando a instituciones civiles y alterando el equilibrio entre las esferas civil y militar, elemento fundamental para la estabilidad política del país durante las últimas décadas. El abuso que se hace de las Fuerzas Armadas ordenándoles funciones que no le corresponden y para las que no son competentes, no podría significar ahorros, ni mejores servicios, ni mejores obras, ni mayor transparencia. Sí ha significado, en cambio, mayores ineficiencias, mayores costos y mayor opacidad.
La iniciativa de López Obrador confirma que, para él, la Guardia Nacional es y debe ser únicamente un nuevo uniforme para los soldados, que debe borrarse la doctrina del Ejército y de la Marina, y que debe sellarse una alianza partidista con al menos parte de la cúpula militar, como parte del régimen dictatorial que pretende imponerle a México. Extendemos por ello un exhorto a todos los miembros del Congreso de la Unión para que rechacen este despropósito del que nadie, ni la ciudadanía ni las propias Fuerzas Armadas, saldría bien librado.
