Varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la nueva práctica de EE.UU. de trasladar en avión hacia el sur de México a migrantes centroamericanos.
Al momento se han expresado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades”, dice el comunicado de ACNUR.
La agencia señala que las deportaciones mediante este mecanismo se han justificado con la aplicación del Título 42, que faculta la expulsión de migrantes sin documentos (que recién llegan a ese país) por “razones de salud pública”, una medida que se aplicó por primera vez en 2020, cuando comenzó la pandemia, durante la administración del expresidente Donald Trump.
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“El Título 42 impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en EE.UU.”, aclara ACNUR.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la semana pasada estas deportaciones bajo el Título 42 y detalló que se expulsan “a la mayoría de los adultos solteros y, en la medida de lo posible, a las familias que se encuentran en la frontera suroeste”.
Daniel Berlin, subdirector de la organización no gubernamental Asylum Access, dijo a la agencia AP, que esta medida estadounidense, que obliga a las autoridades mexicanas a deportar a Guatemala a los migrantes, es ilegal.
“Ni siquiera se finge que hay un proceso. Es simplemente un regreso por la fuerza a la parte más pobre de un país que en general está mal equipado para hacer frente a esta clase de necesidades de protección”, señaló.
El miércoles, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala informó que hacía seguimiento a la situación de cientos de migrantes que han sido deportados. Además, precisó que el pasado 5 de agosto ingresaron a ese país seis buses con alrededor de 360 salvadoreños y que, cuatro días después, se conoció la entrada de un aproximado de 90 a 120 personas de nacionalidad hondureña.
En la comunidad El Ceibo, en el municipio La Libertad, del departamento guatemalteco de Petén, fronterizo con México, estos inmigrantes expulsados deambulan sin medios de sustento.
Natalia Lorenzo, de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala en Petén, informó que el albergue para migrantes en El Ceibo está rebasado y que muchas de las personas optaron por caminar para tratar de regresar a sus países de origen, como Honduras.
“La gente está caminando sobre la carretera porque dicen que no tienen dinero para poder regresarse en bus a su país; fue una forma abusiva como los están dejando nada más en la frontera”, declaró a AP.
