La Unión Europea (UE) prolongó este jueves otro año más el marco para la imposición de medidas restrictivas selectivas ante la situación en Nicaragua, tras la decisión “injustificada” de expulsar a la máxima representante diplomática europea en el país y cortar las relaciones con Países Bajos.
El Consejo de la UE (institución en la que están representados los gobiernos de los veintisiete) informó en un comunicado que ha extendido el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2023.
Esta decisión, explicó el Consejo, tiene lugar tras la decisión “injustificada” del régimen nicaragüense de expulsar del país a la jefa de la Delegación de la UE y cortar los lazos diplomáticos con los Países Bajos, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar persona non grata al jefe de la Misión de la República de Nicaragua ante la UE.
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Este régimen de sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevaran a cabo “políticas o actividades que socavaran la democracia y el Estado de derecho”.
Las medidas restrictivas actualmente en vigor se aplican a un total de 21 personas y tres entidades.
Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
No obstante, la UE reafirmó su “continuo compromiso” con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país latinoamericano.
“La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse mediante un verdadero diálogo entre el gobierno y la oposición. La UE sigue abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este se desarrolle de forma respetuosa”, concluyó el Consejo en su nota.
Nicaragua, un país de 6.5 millones de habitantes, vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018.
La UE ha sancionado a familiares y allegados de Ortega, entre ellos a su esposa, la vicepresidenta Murillo, y a varios de sus hijos, bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia.
