La herida sigue abierta. La desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, marcó un punto de inflexión en México, al revelar descarnadamente la connivencia de las autoridades con agentes del crimen organizado.
El uso del aparato del Estado para ocultar los hechos, acaecidos en el estado mexicano de Guerrero, y fabricar una “verdad histórica”, que terminó siendo desechada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde julio de 2020, ha dado paso a una nueva indagatoria que no está exenta de polémica.
Nueve años después, los deudos de los normalistas señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de ocultar información relevante para conocer el paradero de los estudiantes durante la llamada Noche de Iguala, así como el establecimiento definitivo de las responsabilidades de los involucrados en el caso de todos los niveles.
¿Qué piden los padres de los normalistas?
En particular, los padres han solicitado los oficios emitidos entre abril y octubre de 2014 por el Centro Regional de Formación de Inteligencia (CRFI) de la región centro, una entidad que entonces operaba en Iguala.
A estos efectos, el pasado miércoles, en medio de un encuentro presencial en el Palacio Nacional, los familiares de los 43 entregaron a López Obrador folios del CRFI con tachaduras y demandaron la apertura íntegra de los archivos del Ejército, donde reposarían las versiones completas de los documentos, recoge Tlachinollan, una organización de derechos humanos que acompaña a los padres de las víctimas.
Reclamaron, asimismo, la transcripción completa de las interceptaciones telefónicas a Guerreros Unidos correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014, en las que se relata que 17 de los 43 estudiantes habrían sido trasladados vivos a la Brecha de Los Lobos, otro paraje dentro del estado de Guerrero.
Tanto la comisión gubernamental que investiga el caso como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encontraron evidencia de que esta documentación existe y está siendo deliberadamente ocultada por el Ejército, aparentemente para encubrir a implicados.
La comisión del Gobierno mexicano adjuntó en su informe dos reportes correspondientes al monitoreo que realizara el CRFI al centro de comunicaciones del grupo delictivo Guerreros Unidos los días 27 y 28 de septiembre de 2014, donde se mencionan detalles relevantes para el caso.
Por su parte, en su sexto y último informe, el GIEI fue todavía más específico al puntualizar las respuestas de la Sedena, que según las pesquisas, no corresponderían a la verdad de lo sucedido, sino a un intento deliberado de obstruir la justicia.
Entre otros aparentes falseamientos, los expertos aludieron a la negación de la existencia del CRFI, así como su negativa a reconocer que sus funcionarios realizaban interceptaciones y escuchas telefónicas, y que luego procesaban ese material. De ambos asuntos hay documentación probatoria, incluyendo el testimonio de un testigo protegido.
La posición del Gobierno
Aunque López Obrador prometió en su campaña no dejar piedra sin levantar para desentrañar qué les sucedió a los normalistas y quiénes fueron los responsables de su desaparición forzada, lo cierto es que su gestión no ha logrado honrar esa promesa de manera plena.
Si bien el mandatario ordenó la apertura de los archivos, se ha reunido en varias oportunidades con los padres de los 43 jóvenes y ha declarado públicamente que la Sedena ha entregado toda la información relevante del caso, los familiares de los desaparecidos alegan que falta documentación y que el Ejecutivo estaría protegiendo al Ejército.
El pasado miércoles, en la víspera del encuentro con los familiares, López Obrador aseveró que les compartiría “toda la información que se tiene” sobre el caso.
“Es importante que ellos tengan la información sobre lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Es un compromiso que hicimos. Y, desde luego, castigar a los responsables”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina.
Al ser inquirido por los medios de prensa sobre los reclamos de los familiares de los 43 normalistas sobre esta materia, el presidente reiteró que, a su pedido, el Ejército “entregó todo”.
Del mismo modo, llamó a recordar que en su sexenio se han procesado a más de 120 de personas involucradas de distintos modos con la desaparición de los 43 normalistas, incluyendo a dos generales, 20 soldados y el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam.
“No dan respuesta”
Pese a que López Obrador había dicho que el lunes de esta semana se entregaría a los padres de los normalistas “un expediente” con toda la información sobre el caso, al salir del encuentro, el abogado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidufo Rosales, explicó a la prensa que los familiares de los normalistas evaluarían si continuaban o no con el diálogo, ya que consideran que el Gobierno no dio respuesta a la solicitud.
De acuerdo con Rosales, en la reunión que sostuvieron la tarde del lunes 25 con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se les presentó a los padres de los 43 una carta de López Obrador y un informe del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
“En el informe del secretario de la Defensa no hay nada, él no da respuesta, ni el presidente, a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual, que se refiere a los documentos con números de folio y dónde están”, señaló Rosales a la prensa local. “No nos están dando ninguna respuesta a la solicitud planteada”, añadió.
Asimismo, Rosales dijo que uno de los nuevos informes presentados por las autoridades “criminaliza” a los estudiantes y se asemeja más a la “verdad histórica”, como se le conoce a la conclusión del caso que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que indicaba que algunos policías municipales secuestraron a los normalistas y los entregaron a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, los cuales, a su vez, los mataron y quemaron sus restos en el basurero de Cocula.
En el nuevo expediente que contiene los avances del caso, “al único que se le finca responsabilidad es al capitán (José) Martínez Crespo; fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad”, informó Rosales a medios locales.
Entretanto, familiares y amigos de los normalistas cumplieron este lunes el tercer día de plantón en las inmediaciones del Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), en la Ciudad de México, para reiterar sus demandas.
Además, Rosales recalcó el lunes, en el foro ‘A nueve años del caso Ayotzinapa, ¿qué sigue?’, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que con sus reclamos no estaban “medrando, grillando o queriendo denigrar la imagen del Ejército”.
