- En el actual gobierno, el pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) nunca ha sido convocado por el Presidente para planificar, revisar y aplicar una estrategia nacional de atención y reparación integral a víctimas.
- Se ha forzado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a operar con recursos decrecientes, convirtiéndola en una oficina de atención aislada, que fracasa en garantizar ayuda y reparación efectiva a las víctimas.
Ciudad de México.- Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013, el Estado mexicano está obligado a desarrollar una política nacional en beneficio de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, que además les ofrezca garantías de reparación, no repetición y acceso a la verdad y a la justicia.
Sin embargo, estas prerrogativas se han visto obstaculizadas en la última década por la nula coordinación entre las instituciones que deberían de mantener al SNAV en funcionamiento.
Con el informe “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación”, Causa en común da cuenta del abandono institucional y presupuestal al que se ha visto sujeta la CEAV, relegándola como una institución aislada e incapaz de cubrir las expectativas de atención y de reparación integral del cada vez más amplio y complejo universo de víctimas en el país.
Contrario a su propósito, la CEAV ha sido reducida a operar como una instancia carente de herramientas operativas suficientes para incidir en la definición de estrategias en favor de las víctimas y ausente en prácticamente todos los espacios para la definición de las estrategias de seguridad pública y procuración de justicia.
En ese sentido, resulta claro que los déficits presupuestales y de personal que padece, impiden a la CEAV operar como una institución funcional.
Causa en Común concluye este informe resaltando la importancia de dotar a la CEAV de capacidades presupuestales, humanas y técnicas suficientes para que pueda asumir sus labores de coordinación sobre el SNAV y así vigilar el desarrollo y la implementación de una verdadera política nacional para la atención y reparación integral a víctimas.
A su vez, es importante animar la discusión pública para que las víctimas y su agenda de derechos vuelvan a estar al centro de las estrategias de seguridad y procuración de justicia en el país.
