La violencia, el acoso judicial y la impunidad continúan marcando el ejercicio de la libertad de expresión en México. Durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, de acuerdo con el informe anual Estructuras del Silencio, elaborado por ARTICLE 19 para México y Centroamérica.
El reporte registra siete periodistas asesinados y una desaparición relacionada con el ejercicio informativo durante ese periodo. Los casos ocurrieron en Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Sonora.
Además, la organización documentó 53 ataques físicos directos contra comunicadores en el desempeño de su trabajo.
Las cifras reflejan un entorno de riesgo para quienes ejercen actividades periodísticas en distintas regiones del país.
¿Quién agrede a la prensa?
El informe identifica a funcionarios públicos como los principales responsables de las agresiones registradas durante 2025.
La distribución de los casos documentados quedó de la siguiente manera:
- 31 por ciento fueron atribuidos a funcionarios públicos.
- 21 por ciento a particulares o empresas.
- 17 por ciento a fuerzas de seguridad civil.
- 7 por ciento al crimen organizado.
- El resto correspondió a otros actores no identificados o clasificados por la organización.
Los datos muestran que una parte importante de los ataques proviene de estructuras institucionales o de personas vinculadas al ejercicio del poder público.
El crecimiento del acoso judicial
Más allá de la violencia física, organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten un aumento en el uso de mecanismos legales contra periodistas y medios.
Durante 2025 se contabilizaron 153 casos de acoso judicial, la cifra más alta registrada por ARTICLE 19 para este tipo de agresión.
El incremento fue de 143 por ciento respecto al periodo anterior, según registros citados por Cimacnoticias.
Al cierre del año, 67 periodistas y medios de comunicación enfrentaban procedimientos legales activos. El desglose incluye:
- 29 procesos electorales.
- 17 investigaciones penales.
- 13 litigios civiles.
- Ocho procedimientos administrativos.
En promedio, se inició un nuevo expediente legal contra periodistas o medios cada seis días.
Organizaciones especializadas consideran que este fenómeno se ha convertido en una de las principales formas de presión contra el ejercicio informativo debido a los costos económicos, jurídicos y operativos que implica para reporteros y empresas periodísticas.
Más de dos décadas de violencia
Los registros acumulados muestran que la problemática mantiene una tendencia sostenida.
Desde el año 2000, México suma 176 periodistas asesinados en posible relación con su labor informativa, según organizaciones dedicadas al monitoreo de la libertad de expresión.
Entre las entidades con mayor incidencia histórica aparece Veracruz, donde se han documentado decenas de casos durante las últimas dos décadas.
La situación volvió a cobrar relevancia nacional tras el homicidio del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro en enero de 2026 y la desaparición de la directora de medios Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportada en junio de este año.
México en el contexto internacional
Los organismos internacionales continúan ubicando a México entre los países con mayores riesgos para el ejercicio periodístico.
El Comité para la Protección de los Periodistas colocó al país en el tercer lugar mundial en homicidios de periodistas durante su más reciente evaluación, sólo por debajo de Israel y Sudán.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras documentó la muerte de nueve trabajadores de medios de comunicación en territorio mexicano durante su balance anual.
Las mediciones internacionales coinciden en señalar que la violencia contra periodistas, la impunidad en los crímenes y el uso de mecanismos judiciales como forma de presión representan algunos de los principales desafíos para garantizar el derecho a la libertad de expresión.
El desafío pendiente
La Constitución mexicana reconoce la libertad de expresión y el derecho a la información como garantías fundamentales. Sin embargo, las cifras de homicidios, desapariciones, agresiones físicas y litigios contra periodistas muestran que el ejercicio de informar continúa enfrentando obstáculos estructurales.
A las amenazas directas se suma el uso creciente de procedimientos judiciales, una práctica que organizaciones nacionales e internacionales consideran un factor que puede limitar el trabajo periodístico.
Mientras persistan los niveles de violencia e impunidad, la protección de periodistas seguirá siendo uno de los principales pendientes del Estado mexicano.
