El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho pocos avances para atender los desafíos en materia de derechos humanos en México, incluyendo la violencia criminal extrema, abusos contra migrantes, violencia de género, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con Human Rights Watch.
Como parte de su informe anual sobre derechos humanos 2024, la organización refirió que durante la presidencia de López Obrador, la tasa de pobreza se ha reducido de 41.9% en 2018 a 36.3% en 2022, según el Coneval.
Sin embargo, apuntó que la pobreza extrema se ha mantenido en el mismo nivel y el número de personas sin acceso a servicios de salud ha crecido más del doble.
Agregó que analistas han apuntado a un importante aumento del salario mínimo y una casi duplicación de las remesas como posibles factores de la reducción de la pobreza.
Human Rights Watch señaló que los índices de delitos violentos se han disparado desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en 2006, y pese a que la tasa de homicidios bajó de 28 a 25.9 por cada 100 mil habitantes en 2022, sigue siendo una de las más altas del mundo.
“Las instituciones de procuración e impartición de justicia rara vez garantizan la rendición de cuentas por crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Alrededor del 90% de los delitos nunca se denuncian”, señaló en el capítulo sobre México.
Afirmó que es habitual que policías, fiscales y soldados utilicen la tortura para obtener información y confesiones, y que en la encuesta más reciente a personas encarceladas realizada por el Inegi en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos.
Expuso además que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias visitó el país en septiembre pasado, y expresó su preocupación sobre que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”.
Abusos de militares
Señaló que desde 2007 hasta julio de 2023, el Ejército reportó haber matado a 5,488 civiles, y que asesinatos rara vez se investigan de forma independiente.
Apuntó que en 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,005 quejas contra el Ejército y la Guardia Nacional, la cifra más alta en nueve años.
“Existen evidencias de que la Secretaría de la Defensa ha utilizado el programa de espionaje Pegasus durante el gobierno de López Obrador para espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de partidos de la oposición y altos funcionarios del gobierno”, afirmó.
Ayotzinapa
Human Rights Watch dijo que las Fuerzas Armadas han obstruido la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado.
Recordó que en julio, el grupo de expertos independientes que investigaba el secuestro y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 cerró su investigación y abandonó el país, argumentando que la obstrucción y las mentiras de los militares les impedían determinar la verdad de los hechos.
“Correos electrónicos filtrados sugieren que altos mandos militares habían presionado al gobierno para que retirara los cargos contra los soldados implicados en el caso”, agregó.
Miles de personas desaparecen cada año y las autoridades suelen no tomar medidas básicas para buscarlas, sostuvo Human Rights Watch.
Privacidad y acceso a la información pública
El organismo apuntó que el presidente López Obrador ha transferido cientos de funciones gubernamentales a las Fuerzas Armadas. lo que limita el acceso a información pública, pues con frecuencia los militares se niegan a cumplir con las peticiones de transparencia.
Human Rights Watch también se refirió a los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como al aborto, que pese a su legalización, muchas personas aún enfrentan obstáculos para acceder a un procedimiento.
Sobre las cifras oficiales de feminicidios, añadió que organizaciones de derechos de la mujer exponen que es probable que no se registren todos los casos.
Agregó que as personas que migran a través de México frecuentemente son víctimas de delitos cometidos por los cárteles u agentes estatales, delitos que rara vez se denuncian, investigan o castigan.
Alerta sobre retrocesos democráticos en Latinoamérica
Human Rights Watch alertó en un informe sobre los retrocesos democráticos experimentados en 2023 por varios países de Latinoamérica gobernados por líderes que, según la ONG, debilitaron la separación de poderes.
“Desafortunadamente, no ha sido un buen año para los derechos humanos en la región”, afirmó la directora para América, Juanita Goebertus, durante la presentación del informe en la ciudad brasileña de São Paulo.
Goebertus destacó tres tendencias en América Latina: las amenazas al derecho al voto y a la participación política, el deterioro de la seguridad y el “debilitamiento” de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
