A pesar de la política oficial del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios públicos, el caso del exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha generado señalamientos sobre presuntas incongruencias en la aplicación de la austeridad y los criterios financieros de la actual administración.
De acuerdo con las declaraciones patrimoniales presentadas por el propio exmandatario sinaloense y reportes confirmados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rocha Moya, de 77 años de edad, percibe ingresos acumulados por tres distintas pensiones que superan el 1.5 millones de pesos anuales, monto que casi duplica el salario que obtuvo como titular del Poder Ejecutivo estatal.
El desglose de los ingresos millonarios
Según los registros patrimoniales correspondientes a 2025, mientras su remuneración total como gobernador de Sinaloa ascendió a 797 mil 14 pesos (incluyendo salario y prestaciones), sus fondos de retiro por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez suman más del doble:
- Pensión de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 760 mil 313 pesos (institución de la que fue rector entre 1993 y 1997).
- Pensión del IMSS: 554 mil 697 pesos.
- Pensión del ISSSTE: 316 mil 102 pesos (monto reportado en su declaración previa, ya que en su actualización patrimonial del pasado 20 de mayo omitió incluir este ingreso).
Tan solo la suma de las prestaciones provenientes de la UAS y el IMSS alcanzó un millón 315 mil 10 pesos,cifra que supera los 1.63 millones de pesos al considerar el monto histórico de su pensión en el ISSSTE.
El fallo judicial que liberó los recursos
Aunque sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) días después de que solicitara licencia al cargo el 1 de mayo —tras las acusaciones formuladas el 29 de abril por Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgó una suspensión provisional.
Mediante una tarjeta informativa, la Secretaría de Hacienda precisó que el descongelamiento es parcial y responde estrictamente a un mandato judicial basado en el principio legal de inembargabilidad de las pensiones, lo que impide a la autoridad mantener retenidas las ministraciones futuras del IMSS, el ISSSTE y la UAS, mientras el resto de sus activos continúan inmovilizados.
Críticas por trato diferenciado
Sectores críticos y opositores han señalado un contraste entre el discurso oficial de austeridad republicana impulsado desde la Presidencia y la resolución que permite al exmandatario morenista disponer de sus fondos de retiro, en comparación con otros exgobernadores sujetos a procesos judiciales.
Como ejemplo de esta disparidad, se ha expuesto la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel —exmilitante del PAN y actual integrante de la organización Somos—, quien enfrenta en prisión domiciliaria una investigación por presunto “huachicol fiscal” y mantiene la totalidad de sus cuentas congeladas por la UIF. En el caso de Ruffo, el juez de control determinó no imponerle la garantía económica elevada que solicitaba la Fiscalía General de la República (FGR) precisamente ante la imposibilidad material del imputado para acceder a sus recursos financieros.
