Dependencias del gobierno federal ejercieron presión y manipularon a los lesionados y familiares de las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico con el propósito de eximir de toda culpa a la Secretaría de Marina (Semar), acusó públicamente Jorge Gómez, uno de los sobrevivientes del siniestro ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca.
A través de un pronunciamiento abierto, el pasajero señaló directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por aprovecharse del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban los afectados para inducirlos al perdón legal.
“Durante estos meses vi —veo— el actuar de la Fiscalía, CEAV y Gobernación; todos ellos presionaban y manipulaban a las víctimas que nos encontrábamos en vulnerabilidad, unos de luto, otros en recuperación médica, para perdonar y así ocultar —como en el pasado— los crímenes de la Marina”, sentenció Gómez en el documento.
Abandono institucional y acuerdos cuestionados
El accidente, registrado a finales del año pasado en la ruta operada por la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec —bajo administración naval—, dejó un saldo oficial de 14 personas fallecidas y un centenar de heridos. En abril pasado, la FGR reportó que 145 afectados (114 adultos y 31 menores) habían recibido una supuesta reparación integral inmediata mediante mecanismos de justicia alternativa, lo que extinguió la acción penal contra la empresa estatal.
Sin embargo, el testimonio de Jorge Gómez contradice la versión oficial sobre el respaldo gubernamental:
- Secuelas físicas: El impacto le provocó fracturas en el esternón, nariz, maxilar y tres vértebras, sumado a traumatismos en cráneo, extremidades y pulmones.
- Atención médica sin respaldo de Semar: A pesar de requerir cuatro intervenciones quirúrgicas, la Marina no absorbió los gastos hospitalarios; su rehabilitación se ha llevado a cabo en el ISSSTE únicamente por su condición previa de derechohabiente al ser servidor público federal.
- Compromisos incumplidos: A nueve meses del percance, la institución naval tampoco ha garantizado cobertura médica a futuro, ni ha atendido las exigencias de auditar técnicamente el ferrocarril con especialistas externos o condecorar a los rescatistas civiles que auxiliaron tras el choque.
Dirigiéndose directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el sobreviviente reprochó la ausencia total de empatía oficial: “Nadie, por lo menos a mí, de su gobierno se ha acercado pidiéndome una disculpa”.
Hasta el momento, las imputaciones penales de la FGR por homicidio y lesiones culposas han recaído exclusivamente sobre el personal operativo —maquinista, conductor y jefe de despacho—, dejando intacta la estructura de mando de la Secretaría de Marina.
