El sarampión volvió a exhibir las grietas del sistema de salud pública en México. El brote activo supera los 11 mil 400 casos confirmados y 32 personas han muerto, una cifra que deja de ser estadística para convertirse en señal de alarma nacional.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, el país acumula 11 mil 419 casos, casi 5 mil registrados tan solo en lo que va del año, lo que confirma que la enfermedad no está contenida y sigue expandiéndose.
Chihuahua encabeza la lista negra, con 4 mil 513 contagios, una concentración que revela fallas locales de prevención y respuesta. Le siguen Jalisco (3 mil 603), Chiapas (680), Ciudad de México (392) y Michoacán (346), estados donde el sarampión dejó de ser un riesgo teórico y se convirtió en problema sanitario tangible.
El impacto no es parejo. Niñas y niños de 1 a 4 años son el grupo más afectado, seguidos por menores de 5 a 9 años y, de forma preocupante, jóvenes de 25 a 29 años, un segmento que evidencia rezagos históricos de vacunación.
Muertes que pudieron evitarse
Las 32 defunciones confirmadas por enfermedad febril exantemática se concentran principalmente en Chihuahua, con 21 muertes, seguido de Jalisco (3), Durango (2) y casos aislados en Sonora, Michoacán, Tlaxcala, CDMX, Chiapas y Guerrero. Cinco de esas muertes ocurrieron este mismo año, lo que confirma que el brote sigue activo y letal.
El Gobierno federal insiste en el llamado a vacunarse, sobre todo a personas de 6 meses a 29 años de edad, pero el exhorto llega tarde para decenas de familias y con una narrativa que sigue apostando más a la recomendación que a la acción contundente.
El brote de sarampión no es un fenómeno natural inevitable. Es, en buena medida, el resultado de vacunación incompleta, vigilancia débil y reacción tardía. Cada nuevo caso y cada muerte confirman que la salud pública sigue pagando el costo de la negligencia acumulada en la denominada cuarta transformación.
