La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un llamado para garantizar la transparencia total dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que el organismo electoral no puede albergar “ninguna sombra de corrupción” e instar a que se ejecuten las auditorías e investigaciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias.
Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo se dan tras salir a la luz pública indagatorias sobre presuntas inconsistencias en esquemas de contratación del órgano electoral, en las cuales estarían involucrados proveedores clave y colaboradores del entorno cercano de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Cuestiona defensas del pasado y pide fiscalización sin excepciones
Al fijar su posición, la Mandataria mexicana marcó distancia de las movilizaciones ciudadanas y políticas registradas durante el sexenio anterior bajo la consigna “El INE no se toca”, argumentando que en su momento respondieron a la preservación de intereses de grupo más que a un genuino resguardo institucional.
“No es la defensa que se hizo del pasado. Cuando salieron las marchas […] en realidad defendían intereses propios. No se trata de eso, pero entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral”, enfatizó.
En este contexto, la Presidenta subrayó que la autonomía constitucional de la que goza el INE no debe operar bajo ninguna circunstancia como una coraza o pretexto para evadir la rendición de cuentas. Por ello, respaldó abiertamente la aplicación de auditorías exhaustivas.
La trama proveedora bajo la lupa de la UIF
Las investigaciones del periódico Reforma detallan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo la mira a siete compañías proveedoras tanto del INE como de diversos organismos públicos locales electorales. Dichas empresas se encuentran vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Entre las razones sociales sujetas a revisión destacan:
- Corporativo ZEG
- Cajas Graf
Dichas firmas han sido ligadas a exfuncionarios del propio Instituto —como Jonathan Navarrete Torres y Jesús Octavio García González— quienes guardan cercanía operativa con la oficina de la presidencia del consejo general. Asimismo, se ha documentado un vínculo personal entre la titular del organismo, Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
Taddei rechaza irregularidades y recurre a la ASF
Frente a los señaIamientos, Guadalupe Taddei negó categóricamente la existencia de favoritismos o adjudicaciones direccionadas en los procesos de adquisición del Instituto.
Para deslindar responsabilidades, la consejera presidenta anunció las siguientes medidas:
- Solicitó formalmente la revisión y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- Puso la documentación contractual a disposición del Órgano Interno de Control (OIC) del INE.
Finalmente, Taddei aseveró que cualquier deslinde de responsabilidades debe fundamentarse en cauces institucionales y desestimó las voces que sugieren su separación temporal del cargo mientras concluyen las indudables pesquisas.
