- Artículo 19 advierte que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca usar los “derechos de las audiencias” como instrumento de censura. Alertan sobre una autocracia electiva y presiones contra periodistas.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podría convertir los llamados “derechos de las audiencias” en una nueva herramienta de control sobre los medios de comunicación, advirtió Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19.
La organización defensora de la libertad de expresión observa un entorno cada vez más hostil para el periodismo. A la violencia física y letal contra comunicadores se suma ahora “una violencia más institucional, un amedrentamiento de índole político, proveniente de las instancias del Estado mexicano”.
La advertencia es clara. La libertad de expresión en México enfrenta una amenaza estructural. Ya no sólo se trata de balas y amenazas del crimen organizado, sino de una presión constante desde el poder público.
Regular para callar
Artículo 19 subraya el alto riesgo que implica regular a la prensa bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias. Los medios, recuerdan los especialistas, tienen naturalezas editoriales distintas. Algunos simpatizan con el oficialismo; otros son críticos. Esa pluralidad es la base de una democracia funcional.
La intención gubernamental, sin embargo, apunta a estandarizar contenidos y enfoques, lo que abre la puerta a sanciones discrecionales. En palabras de Maldonado, México ya no vive en una democracia plena, sino en lo que la ciencia política define como una autocracia electiva o autocracia constitucional.
“La Constitución ha sido modificada para fortalecer las capacidades de control de la Presidencia. En esta autocracia que ha reemplazado a la democracia hay frecuentes atentados contra la libertad de prensa”, señaló.
El precedente de López Obrador
Sheinbaum, como antes López Obrador, se ha permitido fijar criterios sobre lo que considera “información adecuada”. Desde la tribuna presidencial se descalifica, desacredita y, en algunos casos, se exhibe información personal de periodistas cuyos planteamientos incomodan al poder.
La mandataria justificó la regulación al señalar que es necesario que “cualquier ciudadano, ciudadana, pueda decir: no me estás informando adecuadamente”. Anunció que en los próximos días el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, presentará detalles sobre el tema.
En la misma conferencia, al referirse a supuestos actos de extorsión de algunos medios a gobiernos estatales -particularmente en Puebla-, Sheinbaum sostuvo que existen empresas periodísticas que buscan negociar cobertura a cambio de publicidad.
“Afortunadamente existen los medios alternativos y la mañanera”, dijo.
Reiteró que en “el pasado” era común pedir el cambio de conductores y periodistas. “Eran prácticas del pasado, nosotros no las hacemos; quieren hablar, que hablen, aquí tenemos el espacio del debate público”, afirmó.
La realidad, sin embargo, reduce al silencio el discurso.
Periodistas fuera del aire
Durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación existen casos emblemáticos que apuntan a presiones desde el poder.
En enero de 2024, Azucena Uresti salió de Milenio Televisión. En su despedida afirmó que el periodismo “está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes”.
En los últimos días de 2025, MVS anunció la salida del aire de Manuel López San Martín. El periodista escribió en redes: “Dejo el programa a mi cargo en el momento de mayor audiencia en estos años al aire”. Denunció un entorno de “presiones y amagos”.
Añadió una frase que sintetiza el dilema nacional:
“La libertad de expresión es parte de nuestra democracia y no es negociable. El periodismo es incómodo o no es”.
En ambos casos se presume que existieron presiones del gobierno para retirar a los comunicadores de sus espacios.
Un país en retroceso
México avanza hacia un modelo en el que el poder político pretende definir qué se puede decir, cómo se debe informar y quién merece tener voz pública. Bajo el disfraz de los “derechos de las audiencias” se busca edificar un nuevo mecanismo de control.
Lo que está en juego no es la calidad informativa, sino la posibilidad misma de disentir.
Cuando el gobierno decide qué es “adecuado” informar, la democracia deja de serlo. Y cuando el periodismo deja de incomodar al poder, deja de ser periodismo.
