Revelaciones vertidas durante la audiencia de imputación del contralmirante Fernando Farías Laguna vinculan a figuras de la cúpula política federal con la red de operaciones del denominado “huachicol fiscal”. Durante la diligencia judicial celebrada este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso testimonios de mandos navales hoy convertidos en testigos colaboradores, en los cuales emergen los nombres del senador morenista Adán Augusto López Hernández y de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los señalamientos derivan de las declaraciones rendidas ante la FGR por el capitán Alejandro Torres Joaquín -exdirector de la Aduana de Tampico, integrado al programa de protección de testigos bajo el nombre clave “Santo”- y por Juan Carlos Soto Picha, exsubdirector de Operación Aduanera en Guaymas, Sonora.
Los testimonios clave presentados por la FGR
El abogado defensor de la familia Farías, Epigmenio Mendieta, confirmó en entrevista la inclusión de ambos personajes dentro de la causa penal imputada por el Ministerio Público Federal:
- Gestión de atracos en puertos: De acuerdo con la declaración del testigo Soto Picha leída por la representación social, tras el encallamiento o retención de una embarcación en el puerto de Guaymas, uno de los involucrados afirmó que contactaría a Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) para interceder ante el titular de la Secretaría de Marina y liberar el buque.
- Control de recintos fiscales: El testigo protegido “Santo” detalló la operación en los muelles 289 y 290, instalaciones utilizadas para la descarga irregular de combustible. En su dicho, la infraestructura portuaria pertenecía a un empresario de origen tabasqueño vinculado directamente con el exgobernador y actual legislador Adán Augusto López.
Investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identifican al empresario referido en las declaraciones del capitán Torres Joaquín como Saúl Vera Ochoa, a cuyo recinto habrían arribado al menos 31 embarcaciones cargadas con hidrocarburo introducido al país de manera ilícita.
Las declaraciones integradas por la FGR forman parte del expediente con el que la autoridad procesa a los mandos navales y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en la evasión sistemática de impuestos y tráfico de combustibles en los principales puertos de la República.
