La escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y la Barra Mexicana de Abogados (BMA) se sumaron a las impugnaciones al plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar un recurso de amicus curiae que se analiza actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ambos organismos presentaron el recurso como coadyuvantes de partidos políticos y organizaciones que catalogan al plan B como un instrumento que contradice las disposiciones constitucionales y socava la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar las elecciones.
Víctor Olea, presidente de la BMA, y Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de impacto sobre el Estado de Derecho de la escuela de esa disciplina en Stanford, presentaron el amicus curiae el 26 de mayo pasado; en él sostienen que el plan B viola las obligaciones internacionales de México relativas a garantizar el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto y participar en elecciones libres.
“Hay una tendencia global de gobiernos que buscan debilitar el Estado de derecho impulsando ciertas leyes. Al atacar al organismo encargado de organizar las elecciones, esta ley golpea el corazón mismo de la democracia, así como las obligaciones que tiene México en el marco del derecho internacional. Esperamos que la Corte actúe, al igual que otros tribunales en el mundo, para proteger el cumplimiento de la ley”, señaló Singh, una conocida jurista especializada en protección de derechos humanos.
Los elementos aportados por el recurso para el análisis de la Corte establecen que el plan B electoral elimina al 84 por ciento del personal de servicio profesional de carrera del INE y ese recorte eleva las posibilidades de que se cometa un fraude electoral.
También permite al titular del Ejecutivo imponer nuevas estructuras, métodos de organización y recursos humanos, con lo que pone en riesgo la autonomía del INE, además de que interviene en las decisiones internas del encargado de organizar las elecciones; además, da facultades a la Secretaría de Hacienda de modificar unilateralmente el presupuesto del Instituto.
El recurso subraya el papel que puede jugar la SCJN como defensora de la democracia en México, además de la obligación que tiene el país de poner en práctica las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho al voto, condiciones que están en duda de acuerdo con las disposiciones del plan B.
