En un movimiento que eleva drásticamente la fricción diplomática entre ambos países, el gobierno de los Estados Unidos rechazó de forma tajante las quejas formales de la administración mexicana respecto al trato y la seguridad de sus ciudadanos en territorio estadounidense.
El Departamento de Estado norteamericano devolvió físicamente las cartas de protesta emitidas por la cancillería mexicana, un gesto inusual en la diplomacia que marca un distanciamiento definitivo en la cooperación bilateral migratoria.
Un freno soberano a las protestas mexicanas
El desencuentro se materializó durante una reunión a puerta cerrada entre Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri. Kozak entregó de vuelta las misivas mexicanas bajo el argumento de que ningún gobierno extranjero puede intentar dirigir o interferir en las operaciones internas de las agencias de seguridad estadounidenses dentro de su propio territorio.
El funcionario estadounidense instó a México a limitar sus inconformidades a los “canales diplomáticos habituales”, cerrando la puerta a cualquier reclamo directo sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El detonante: Letalidad en los operativos del ICE
La crisis escaló tras los recientes incidentes letales donde se vieron involucrados agentes migratorios:
Caso Lorenzo Salgado Araujo: El connacional de 52 años falleció el pasado 7 de julio en Houston, Texas, tras ser baleado por un efectivo del ICE. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alega legítima defensa, activistas y familiares denuncian un uso desproporcionado de la fuerza.
Caso Johan Sebastián Durán: Pocos días después, un operativo similar en Maine cobró la vida del ciudadano colombiano de 26 años, encendiendo las alarmas de las organizaciones civiles internacionales.
Cifras rojas bajo custodia
El reclamo de la diplomacia mexicana no solo se centraba en los operativos de captura, sino en las condiciones de confinamiento. Según datos oficiales del Gobierno de México, en lo que va del año se contabiliza el deceso de 17 connacionales mientras se encontraban bajo la custodia del ICE.
Pese al volumen de bajas y la presión de los grupos de derechos humanos, la postura de Washington permanece inalterable: las decisiones operativas de sus agencias fronterizas no están sujetas a la fiscalización ni al escrutinio del gobierno mexicano.
