En el marco de las demandas de legalización del aborto por parte de colectivos feministas, luego de que ayer se conmemorara el Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Ramos, declaró que la falta de voluntad política por objeción de conciencia es el principal obstáculo para que el aborto no sea despenalizado en todo el país.
Rebeca Ramos expresó en entrevista para MILENIO, que muchos legisladores y legisladoras no distinguen entre sus ocupaciones como funcionarios públicos y su postura personal con respecto al aborto, llevando al espacio público sus posiciones personales con respecto a este tema en los ámbitos moral, religioso y ético, negando así la personalidad y subjetividad de las mujeres y personas gestantes.
“En pocas palabras, lo que hace falta es voluntad política por parte de las y los legisladores; que pongan por delante la constitución y los derechos de las mujeres antes que sus posiciones personales con respecto a este tema”.
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La directora del GIRE, dijo que quitar el aborto de los códigos penales es una forma de garantizar el acceso a la salud de todas las mujeres, pues el marco legal existente sobre el tema, criminaliza a las mujeres en un tema de salud pública, no de “política criminal”.
“El despenalizar el aborto no obliga a nadie a abortar, mantenerlo en los códigos penales sí que impone una serie de obligaciones de cargas que son para toda la vida, para aquellas mujeres y personas que están cursando un embarazo no deseado”.
En ese sentido, destacó que los congresos de los estados que faltan por despenalizar el aborto deben tomar en cuenta la experiencia reciente de Oaxaca, ya que a pesar de las problemáticas socioeconómicas de la entidad, el congreso del estado decidió sacar el aborto durante el primer trimestre de la gestación del código penal y dejar de considerarlo un delito.
“El llamado está muy claro para los congresos estatales, lamentablemente vemos que en algunos lejos de garantizarse los derechos humanos, se están obstaculizando, como lo que acaba de suceder en Aguascalientes con el PIN parental”.
A este respecto, mencionó que aunque existen sectores conservadores en la sociedad que abiertamente están en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, llevando a cabo acciones para que estos no sean una realidad, a partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, se ha progresado mucho en el tema.
“Lo que está sucediendo actualmente en las calles y en redes sociales de tener un símbolo como el pañuelo verde, era inimaginable hace 15 años, grupos tan grandes de jóvenes exigiendo su derecho a poder decidir sobre su cuerpo, es algo en lo que hemos avanzado mucho”.
Asimismo, indicó que aunque la Ley de Amnistía para las mujeres que han sido penalizadas por supuestos delitos de aborto fue un buen mensaje de reforma a una ley federal, no alcanza para garantizar la autonomía y titularidad de las mujeres y personas gestantes de decidir sobre sus derechos.
“No se trata de juzgar los motivos de una mujer cuando decide interrumpir un embarazo, si no reconocer esa autonomía y que la mujer embarazada, la persona gestante es la que mejor conoce las circunstancias en las que está viviendo y tiene las mejores herramientas para poder decidir si continua o no con ese embarazo”.
Por último, resaltó la importancia de garantizar los servicios de salud a las mujeres, sobre todo recordando a las autoridades sanitarias las obligaciones que tienen frente a las mujeres para proteger su salud, más allá de lo que señalen los códigos penales.
