La Suprema Corte de Justicia de México concluyó este martes, con el voto unánime de 10 magistrados, que la penalización del aborto es inconstitucional porque tutela a las mujeres y a las personas gestantes, y violenta su derecho a decidir sobre sus propias vidas.

Aunque el histórico fallo, que incluye una inédita y progresista referencia al derecho del “disfrute de la sexualidad”, se refiere al Código Penal del norteño estado de Coahuila, sienta jurisprudencia para que en el resto del país se interpongan acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes locales que criminalizan de múltiples maneras la interrupción voluntaria del embarazo.

Hasta ahora, en México el aborto solo es legal en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pero en los 29 estados restantes las penas van desde la imposición de multas al encarcelamiento. Además, en los últimos años diversas legislaciones locales de las regiones más conservadoras han sido reformadas para reconocer “el derecho a la vida desde la concepción”, lo que limita todavía más la lucha por la legalización.

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La Corte discutió el caso de Coahuila durante dos intensas jornadas, pero en el debate del lunes quedó clara la posición mayoritariamente a favor del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, que consideraba inconstitucional la penalización de esta práctica.

Para aprobarlo se necesitaban por lo menos ocho de los 11 votos de las y los magistrados. El escenario fue favorable para el movimiento de mujeres desde ayer, ya que los ocho ministros y ministras que expusieron se manifestaron en contra de la penalización, al igual que los dos que argumentaron este martes.

Uno de ellos fue el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien advirtió que el máximo órgano de Justicia del país debe estar a favor de respetar la dignidad de la vida de las mujeres para que puedan ejercer sus derechos con plenitud y sin violencia.

“Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y vida, no solo es profundamente injusto sino abiertamente inconstitucional, proyecta un mensaje estigmatizante y discriminatorio contra las mujeres que las reduce a un instrumento de reproducción”, dijo.

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