A una semana de la inédita consulta popular que puede posibilitar que los expresidentes mexicanos sean investigados por presuntos delitos, la principal incógnita es cuánta gente saldrá a participar, ya que se requiere un mínimo de 37 millones para que el resultado sea vinculante, es decir, para que en realidad avance hasta llegar a tribunales.
La campaña rumbo a este ejercicio democrático que se realizará el 1 de agosto, y que no tiene antecedentes en el país, ha sido apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes, quienes están convencidos de que se podrá enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, este objetivo no es tan claro, ya que la pregunta que vendrá impresa en las papeletas dice:”¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Te puede interesar: INE sancionará a partidos con mil 200 mdp por irregularidades en campañas
Los verdaderos alcances de esta votación han sido puestos en duda debido a la vaguedad de que el cuestionamiento se refiera a “actores políticos” y no a los expresidentes; a “años pasados” y no a determinados periodos de Gobierno; y a “proceso de esclarecimiento” y no a juicios en concreto.
Ese ha sido el principal tema de discusión de la campaña, ya que el oficialismo insiste en que, si gana el sí, los exmandatarios podrán ser sentados en el banquillo de los acusados, aunque la pregunta que diseñó la Suprema Corte de Justicia más bien se presta a confusión.
En el fondo, la consulta aborda la corrupción endémica de la que adolece una clase política mexicana desprestigiada por el enriquecimiento, las denuncias y la impunidad que ha protegido de los gobernantes en un país con altos niveles de pobreza.
Hasta hoy, los presidentes han sido intocables, ya que a pesar de múltiples escándalos, ninguno ha sido investigado, contrario a decenas de gobernadores estatales que han sido detenidos, juzgados, condenados o están procesados o prófugos.
