La Cámara de Diputados convocará a un parlamento abierto este lunes 23 y martes 24 de noviembre para analizar el impacto de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la subcontratación. “Queremos escuchar todas las voces sobre este tema tan importante para la creación de empleos”, informó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN)

A principios de este año, la Comisión del Trabajo y Previsión Social en San Lázaro —que junto con la de Hacienda analizará la propuesta del Ejecutivo— llevó a cabo otro parlamento abierto sobre el tema. “Es razonable que se haga uno nuevo, porque esa otra comisión no ha escuchado a especialistas, como nosotros”, además, el tema fiscal no fue abordado de manera profunda en la ocasión anterior, señaló en entrevista el diputado Manuel Baldenebro (PES), quien preside la Comisión del Trabajo.

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“Me queda claro que la mayoría de las empresas dedicadas a la subcontratación cumplen con sus obligaciones”, dijo el legislador, por lo que no deben estar preocupadas por la reforma, sino aquéllas que realizan actividades ilegales. Subrayó que muchas de las compañías que violan la ley crecieron al amparo de los gobiernos, incluso muchas tienen menos de un año. Agregó que es un tema al que se le dará celeridad porque tienen una “deuda histórica con los trabajadores”.

En tanto, la diputada Patricia Terrazas comentó en entrevista que desde su perspectiva la subcontratación está suficientemente regulada, “existen penas incluso corporales a quienes incumplan su responsabilidad”. Lo que falta, dijo, es que las autoridades “hagan su chamba”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben realizar una mejor tarea de revisión. Y a quien esté violando la ley, como no registrar a su personal o registrándole con salarios bajos, “que sean denunciados”, apuntó.

De esta modalidad de trabajo dependen millones de personas, destacó. Hay que cuidar el empleo, sobre todo en medio de una pandemia; desaparecer la figura ahora provocará más desempleo, afirmó. “No porque haya coyotes vas a matar a todas las gallinas. Agarra al coyote y deja a las gallinas”, comparó.

Otra visión de la iniciativa

El análisis de quienes integran el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral es opuesto al de la legisladora. En una reunión virtual para discutir la iniciativa que López Obrador dio a conocer el pasado jueves 12 de noviembre, coincidieron en que es necesaria una nueva regulación para evitar los abusos de varias empresas.

Saúl Escobar Toledo, enfatizó que esta reforma no va a generar desempleo. Es “un argumento falso” que se ha difundido por parte de organizaciones patronales. Es una mentira, dijo. Sin embargo, “está calando en algunos sectores de los trabajadores”, lo cual les ha generado miedo, advirtió el profesor investigador en Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

“Tenemos que aclararles que está iniciativa está destinada a terminar con las prácticas que se disfrazaban de legales”, pero que en realidad vulneran los derechos laborales y la calidad de vida de las personas contratadas bajo este modelo. Se trata principalmente de las que funcionan como intermediarias, para sustituir al patrón o simular una actividad productiva.

Recordó que el documento enviado por el Ejecutivo al Congreso propone la creación de un registro de empresas de subcontratación. Eso le permitirá a la STPS y al IMSS tener una mejor vigilancia para que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y fiscales.

“La reforma apunta a casos donde sí ha habido fraudes y simulación”, no a todo el sector de tercerización. Sin embargo, previó, en el parlamento abierto y después de él, “las presiones en el Congreso serán muy fuertes”, y será en el Senado donde habrá más resistencia.

Lo que permite, lo que no y lo que le falta

Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio indicó que a la propuesta le hacen falta algunas mejoras. Pero “es un importante avance en el tema” y, sobre todo, un cambio necesario. Después de la reforma del 2012, la primera vez que se reguló la tercerización en el país, surgieron nuevas formas de contratación que se encubren como tal. “Cada una de ellas reclama una revisión particular”.

La iniciativa de reforma “pone tache a la subcontratación de mano de obra de personal. Y da luz verde a la subcontratación de aquello que no sea esencial para la empresa”. Consideró correcto que la propuesta considere “intermediarias” a aquellas empresas que suministran personal a otras que bien podrían hacerlo de manera directa.

El magistrado Arturo Mercado López indicó que la iniciativa prohíbe el suministro de personal, porque las empresas se han aprovechado de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. “No es una prohibición absoluta, sino a una práctica que era ilegal desde hace mucho tiempo”.

Señaló que para enriquecer la propuesta se debe incorporar la denuncia anónima. De esa manera IMSS, STPS o el SAT podrían acudir a realizar una inspección. La reforma laboral del 2019 empoderó a las personas trabajadoras, así que ahora hay que otorgarles mecanismos para encausar ese poder.

También es necesario, expuso, que “el patrón que subcontrate servicios lo haga saber al sindicato o al resto de los trabajadores”. De esa manera ellos también podrán vigilar la legalidad de la transacción.

Es necesario, detalló, que la ley prevea un procedimiento expedito. Éste debe acotar el procedimiento y la burocracia cuando haya que dirimir si existe subcontratación ilegal o no. Por último, definir en la legislación de manera clara y puntual cuándo hay responsabilidad solidaria y cuándo es directa. 

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