A casi 5 años de que se promulgara la reforma político electoral en la que entre otros elementos, planteó transformar a la Procuraduría General de la República (PGR), adscrita al Poder Ejecutivo, en una Fiscalía General de la República, finalmente los diputados aprobaron la Ley Orgánica para reglamentar la organización y funcionamiento de este organismo público autónomo.
Con 341 votos a favor, 119 en contra y 1 abstención se aprobó en lo General la estructura de la Fiscalía cuyo titular deberá ser designado por el Senado de la República para un periodo de nueve años. Entre sus primeras tareas destaca la entrega del Plan Estratégico de Transición que contenga un diagnóstico completo de los fenómenos criminales que perseguirá, su ubicación geográfica; así como un Plan de Persecución Penal con la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal, para lo cual contará con el plazo de un año.
En este periodo también deberá presentar un inventario de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y un reporte de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción, los cuales no podrán ser liquidados.
Asimismo, transcurrido un año del nombramiento del Fiscal General, la Ley Orgánica en su artículo décimo tercer transitorio establece que se revisará el marco constitucional y jurídico de la Fiscalía para identificar y plantear las reformas constitucionales o a la ley secundaria que se requieran para su óptima operación.
