La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el que se busca mayor transparencia y eficiencia en los procesos de contratación pública, el cual se prevé votar la siguiente semana en el Pleno.
Entre los artículos a ajustar se encuentra el 24, donde ahora se precisa que no se podrá licitar ninguna obra que no cuente con los estudios y proyectos, permisos ambientales, derechos de propiedad, inmuebles y bienes necesarios, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados.
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Como una muestra de las complicaciones de la falta de planeación, los legisladores pusieron al Tren Interurbano México-Toluca, que ha tenido diversos cambios de trazo y su costo se ha incrementado notoriamente.
De acuerdo con el dictamen, se creará el artículo 10 bis con el fin de incorporar en los procedimientos de planeación, licitación, contratación, ejecución, supervisión y seguimiento de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las mejores prácticas internacionales en materia de tecnologías de la información, lo que incluye la posibilidad de que las bases de convocatoria se publiquen únicamente en CompraNet y se incorporen procesos de modelado de información para la construcción, conocidos como BIM, para tener un mayor control de las obras.
También se plantea fortalecer el Registro Único de Contratistas para agilizar la revisión de documentación entregada durante los concursos, otorgar anticipos a las contratistas conforme a la complejidad y requerimientos de las obras a desarrollar y ahonda en la corresponsabilidad existente entre las dependencias y las empresas supervisoras de obras.
En materia de transparencia, se integran facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el objeto de que pueda verificar la calidad de los trabajos realizados con mayor antelación a lo que ocurre ahora.
De acuerdo con la comisión, para la elaboración del dictamen se realizaron 11 foros de consulta en los que participaron agrupaciones de constructores, consultores, arquitectos y la sociedad civil que ha buscado mejorar la ley para el mejor ejercicio del gasto público.
“Se tiene consenso de los principales ejecutores del sector, incluyendo encuestas en el tema de Registro Único de Contratistas, y se continúa trabajando para integrar en posteriores iniciativas acciones que ayuden a reforzar la transparencia y la creación del Instituto de Planeación, todas en consenso con los ejecutores tanto de dependencia como contratistas”, se detalla en las consideraciones realizadas por los diputados.
