El Instituto Nacional Electoral de México (INE) anunció el aplazamiento, por falta de fondos, de la organización de la consulta popular prevista para el 1 de agosto y en la que la ciudadanía decidirá si está de acuerdo o no en que los expresidentes sean sometidos a juicio.
Lo contradictorio es que la consulta popular fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el propio Gobierno le negó al INE los recursos necesarios para organizarla.
Durante la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, explicó que la Secretaría de Hacienda envió el pasado 19 de abril un oficio en el que informa de “la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal” realizada por el INE para llevar a cabo la consulta, y le recomienda que use los recursos que ya le fueron destinados para este año.
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Sin embargo, Córdova recordó que a pesar de que el próximo 6 de junio se llevará a cabo la elección más grande de la historia en este país, ya que alrededor de 15.000 candidatos se disputarán 20.415 cargos, el INE sufrió un drástico recorte de 870 millones de pesos (alrededor de 43 millones de dólares). La reducción de fondos, agregó, no pone en riesgo estos comicios, pero lo que ya no tiene presupuesto es la consulta popular del 1 de agosto.
“Hoy lamentablemente se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los tres Poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. No se puede autorizar por esta Junta la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, afirmó Córdova.
En medio de este panorama, convocó a que en las próximas semanas el Consejo General se pronuncie respecto a esta situación que enfrenta la autoridad electoral, ya que como máximo órgano de dirección deberá definir la actitud y la ruta a seguir con respecto a la consulta popular.
La pregunta de la consulta
Córdova precisó que, derivado de esta falta de recursos, el INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fue la institución que validó la consulta popular y redactó la pregunta, y que deberá expedirse en las próximas semanas.
Durante la sesión, el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Sergio Bernal Rojas, señaló que el presupuesto necesario para este proceso es de 890.472.000 pesos (44,5 millones de dólares), ya que abarca la organización, desarrollo, coordinación, difusión, ubicación, conformación e integración de casillas, el escrutinio y cómputo, así como la validación de los resultados.
El 1 de agosto, la ciudadanía está convocada a las urnas para responder la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De los resultados dependerá el enjuiciamiento de los expresidentes mexicanos que hasta ahora quedaban protegidos por la impunidad. En caso de que gane el “sí”, podrán iniciarse procesos en contra de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La consulta fue propuesta en septiembre del año pasado por López Obrador, quien la remitió al Senado, aunque luego la Corte tuvo que definir su constitucionalidad. Finalmente, el 28 de octubre se convocó formalmente, pero hoy, a poco más de tres meses de su realización, no puede comenzar a organizarse por falta de fondos.
